Expulsión a extranjeros



SEÑOR DIRECTOR

A un mes del término del proceso de regularización especial establecido por el gobierno del Presidente Piñera, el Ministro de Interior señaló que en los próximos seis meses se procedería expulsar a más de 2000 extranjeros en atención a cuatro criterios: en primer lugar, los que están cumpliendo condenas y por quienes los tribunales de justicia han ordenado su expulsión; en segundo lugar, aquellos extranjeros que terminen de cumplir su condena por delitos graves; en tercer lugar, personas cuya expulsión está en tramitación por faltas a la Ley de Extranjería; y, finalmente, los extranjeros que no regularicen su situación una vez terminado el proceso hasta el día 23 de julio.

Hacer efectivo este tipo de procesos es complicado, puesto que materializar efectivamente una expulsión implica un costo bastante gravoso para nuestro país, ya que supone el traslado del expulsado junto a dos gendarmes y eso implica, solo en el evento especifico, al menos el pago de tres pasajes aéreos y viáticos para los oficiales. Sin contar con que no existen los efectivos suficientes para poder llevar a cabo tal situación, por lo que veo su materialización poco realista.

La decisión, además, no impide que los extranjeros expulsados puedan utilizar los recursos judiciales que franquea la ley para revertir su expulsión. El año pasado la Corte Suprema acogió un 70% de recursos interpuestos por extranjeros expulsados para dejar sin efecto esa medida. Es en esa razón que, a pesar de las intenciones de la administración de Piñera de querer expulsar a todos aquellos que se encuentren en una de las situaciones descritas, no es menos cierto que debemos esperar que aumenten de forma considerable los extranjeros que interpongan defensas para evitar su expulsión.

María Soledad Torres

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