SEÑOR DIRECTOR:
En relación a las respuestas a mi carta “La vehemencia de Sutil”, quisiera hacer presente que lo que ocurrió con el mega proyecto inmobiliario de la empresa Fundamenta se da justamente dentro del marco de las reglas que nos hemos dado como sociedad para la evaluación ambiental. De hecho, ante los reclamos administrativos y el posterior reclamo jurisdiccional contra la RCA del proyecto, fue el Tribunal de Santiago el que acogió la falta de debida consideración de las observaciones ciudadanas y dispuso una nueva evaluación. Por lo tanto, no es correcto señalar que se construyó durante 35 meses con permisos vigentes, pues el permiso principal (RCA) había sido impugnado. Fundamenta decidió seguir adelante a pesar de conocer de las reclamaciones administrativas y judicial, así como la oposición de los vecinos, impugnaciones permitidas por nuestro ordenamiento jurídico. Fundamenta asumió así un riesgo que ahora no puede desconocer. Plantear que cuando los proyectos no son aprobados se produce una falta de certeza jurídica y cuando se aprueban entonces la hay, parece más bien una posición interesada que una posición objetiva.
Esta semana se llevó a cabo la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, acuerdo internacional que justamente pone en valor el derecho a la información, participación y acceso a la justicia ambiental. Tomando en consideración estos estándares, es muy probable que el desenlace del conflicto podría haber sido otro. Esperemos que a futuro la participación sea vista como un elemento de co-construcción de los proyectos y no como un atentado a la certeza jurídica. Ese cambio de paradigma es lo que necesita nuestro país.
Ximena Insunza
Profesora Asistente
Dpto. de Derecho Económico
Centro de Derecho Ambiental
Fac. de Derecho U. de Chile
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.