Fallidas elecciones internas en la UDI

Las fallidas elecciones internas de la UDI -el proceso tuvo que ser postergado el mismo día de la votación, debido a irregularidades detectadas en el sistema de voto electrónico- ha resultado en una situación evidentemente bochornosa, que no contribuye a prestigiar la actividad política y que debe motivar un profundo cambio en la forma como las colectividades entienden la responsabilidad que les cabe en la institucionalidad democrática.

Las tensiones entre las dos candidaturas en competencia se hicieron evidentes en las últimas semanas, lo que ha hecho más difícil procesar en forma mesurada las diferencias que surgen en procesos complejos como éstos. Aun cuando ambas listas convinieron en actuar conjuntamente para evitar más daños al partido -lo que ayudó a bajar la tensión-, es evidente que cuando una de las colectividades más grandes del país no puede llevar a cabo con normalidad sus propias elecciones, se genera desconfianza no solo en sus bases, sino también en la ciudadanía.

Aun cuando los problemas que se detectaron en el proceso de votación deben ser esclarecidos y las eventuales responsabilidades sancionadas, el partido llegó a esta elección envuelto en una ácida polémica respecto a los militantes habilitados para sufragar. Tras el proceso de refichaje obligatorio que dictaminó la nueva Ley de Fortalecimiento de la Democracia, no todos los militantes pudieron cumplir a tiempo con este trámite -las razones para ello pueden ser muy diversas-, quedando con sus derechos suspendidos, sin perjuicio de que no pierden la calidad de militantes. El partido debió haber anticipado mucho antes que esta situación iba a generar dificultades, debiendo haber sido más proactivo para procurar que la gran mayoría de sus afiliados estuviera en regla y habilitado para sufragar, especialmente cuando los casos representan una fracción considerable del total de militantes. Debe ser aleccionador para todos los partidos contar con un padrón electoral lo más claro posible, que no dé pie a suspicacias.

El caso de la UDI se suma a la reciente elección del naciente partido Ciudadanos Somos Todos, el que también se llevó a cabo mediante un sistema electrónico y terminó en un escándalo, con acusaciones cruzadas, denuncias de fraudes y renuncias de emblemáticos militantes, lo que ha llevado a que el proyecto político que encarnaba se torne en los hechos inviable, lo que ciertamente no es una buena noticia para la salud de nuestra democracia. El país hace un esfuerzo considerable para financiar por ley a los partidos políticos, lo que obliga a éstos a ser especialmente celosos para cumplir las expectativas que se han cifrado en ellos, y cuidar el buen uso de los recursos públicos.

Un efecto colateral de estos bochornos es que ponen en entredicho la confiabilidad de los sistemas de votaciones electrónicas, que al parecer aún no logran dar con mecanismos capaces de neutralizar fraudes en procesos masivos. Estos episodios naturalmente generan desconfianza y hacen más difícil abrirse a la posibilidad de aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías.