Fallo Frei Montalva: esperanza para el proceso judicial del General Lutz

Los 19 años de lucha de la familia Frei por clarificar la muerte del Presidente Frei Montalva son muchos años de desasosiego y sufrimiento, pues la incredulidad que embarga a muchas personas que rodean un suceso de esa magnitud, incluso en la familia, no son capaces de admitir que las acciones de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), que contaban con el respaldo del Estado, pudiera llegar a tan alta sofisticación criminal cometiendo un magnicidio. El proceso ha estado rodeado de polémica donde el médico Dr. Patricio Silva Garín ha sido el principal condenado.

La muerte del general Augusto Lutz, director del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), fue la primera muerte de un militar de alta graduación de una manera no violenta, que no acarreaba sospechas, y coincidiendo con el contexto histórico de la sentencia del magistrado Madrid en la sentencia del Presidente Frei Montalva, supone un cambio de estrategia por parte de la DINA por los problemas internacionales que arrastraron sus acciones en el exterior como el asesinato del General Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires, del ministro Orlando Letelier en Estados Unidos (USA) y del atentado al diputado Bernardo Leighton y su esposa en Italia. Posiblemente la DINA aprovechó el internamiento del Presidente Frei en la clínica Santa María, al igual que había sucedido con el general Lutz en el Hospital Militar, para que su muerte fuera percibida por la opinión pública como una muerte natural como había sucedido con el general Lutz respecto del Ejército. La resonancia internacional fue tan contundente que ésta fue la razón principal del relevo por Pinochet del director de la DINA Manuel Contreras y su sustitución por el general Odlanier Mena a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La esposa y la hija mayor del general, quienes pernoctaron en el Hospital Militar durante 17 días, tuvieron la convicción que algo sucedía bajo la aparente normalidad. Las tres noticias de la radio y la TV anunciando el fallecimiento del general por complicaciones en su operación de úlcera gástrica, precisamente cuando su salud mejoraba, fueron el anuncio fatal de su muerte. El 28 de noviembre de 1974 una parte de la familia no asistió al funeral y tras la muerte, la negación de la existencia del sumario o investigación, iniciada por el general Díaz Carrasco en Punta Arenas, adonde el general fue relegado por Pinochet y que debía continuar en Santiago, desincentivó a la familia de presentar el caso del general Lutz a las Naciones Unidas.

En 1975 el accidente de helicóptero y muerte del General Bonilla, exministro del Interior, mostró que las tesis sostenidas por algunos generales habían fracasado. Entre otras se destacan: la reprobación a la violación de los derechos humanos llevadas a cabo por una DINA clandestina en los primeros meses del golpe militar, la oposición que manifestaron al intento de acumulación de poder por parte de Pinochet y la búsqueda de una posible vuelta a la democracia. Igualmente, la muerte de Pablo Neruda en 1973 y una década más tarde la del Presidente Frei, confirmaron, como afirma la sentencia del Juez Madrid en los antecedentes históricos de la sentencia, que cualquier personalidad con resonancia internacional, como la de Frei, que se opusiera al régimen o tuviera la posibilidad de cambiar su rumbo, significaba un peligro para la estabilidad de la dictadura de Pinochet en un Chile que tenía fama de tradición democrática en el mundo.

La muerte del Presidente Frei repitió el mismo escenario hospitalario, que como en el caso de la muerte del general Lutz había permitido evitar sospechas. La hija mayor del general, después de su marcha de Madrid recibió la visita de D. Eugenio Ortega, esposo de Doña Carmen Frei en su casa en Bruselas en los años 90. Después de comentar los ensayos del químico Berríos en los laboratorios de la DINA, fueron descubriendo varias coincidencias durante las estancias de los enfermos en los hospitales: en ambos casos cuando mostraban una mejoría inexplicablemente se producía alguna incidencia que les hacía recaer y mantenerles en la Unidad de Cuidados Intensivos (UVI). Una de estas incidencias, en el caso del general Lutz, fue la sonda gástrica de drenaje colocada después de la operación que permitió suturar la arteria sangrante, pero, que "por error" alguien retiró, quedando superpuesta sin drenar, agravando el estado del enfermo. Se destacó igualmente el comportamiento patológicamente egocéntrico del médico Silva Garín, por hacerse indispensable, impidiendo que otro médico interviniera o tomara decisiones sobre el enfermo. Un hecho muy peculiar fue la nota que ambos enfermos escribieron: "sáquenme de aquí".

El fallo de homicidio simple pronunciado por el magistrado Madrid es un paso importante, pero al mismo tiempo es necesario continuar investigando -como ha expresado la familia Frei- para llegar a una sentencia de homicidio calificado, pues es altamente probable que el médico y coronel de ejército Silva Garín colaborara con la DINA y luego con la CNI. Hay indicios de esta posibilidad a raíz de una conversación de la hija del general en 1983 con el senador Erich Schnake, exiliado en Madrid, gracias a los buenos oficios del Presidente Felipe González. Como prisionero, en su paso por la Academia de Guerra, donde Schnake fue interrogado por los diferentes servicios de inteligencia, el Comandante Manuel Rodríguez, representando al SIM le interrogó sobre sus conversaciones en septiembre de 1973 con algunos oficiales del Ejército, entre los cuales le mencionó al Coronel Silva y a quien Schnake identificó como el médico Silva Garín. ¿Qué hacía un médico días antes del golpe buscando información entre los dirigentes de la Unidad Popular? (Hecho mencionado en "De improviso la nada. Testimonio de prisión y exilio". E. Schnake).

Es curioso que el médico Patricio Silva Garín, ya retirado, haya desmentido la versión de la hija del general sobre la muerte de su padre, en su comparecencia ante el juez Garzón en la Audiencia Nacional de España en 1998. Lo hizo a través de un informe dirigido al Ejército intentando ampararse en la institución. Un extracto del informe fue publicado por el periódico La Tercera el martes 29 de diciembre de 1998. Dicho informe contiene una serie de declaraciones que falsean la realidad omitiendo aquellas incidencias en el hospital difíciles de explicar.

Conviene destacar, que el trabajo que se está haciendo en Chile en el ámbito de los derechos humanos es muy importante para crear puentes en el proceso de reconciliación de los chilenos. La presentación de una querella contra el Estado por homicidio en el caso del general Lutz, después de 44 años de su muerte, que instruye el magistrado Carroza, con la representación legal del abogado Alberto Espinoza, ha sido posible gracias a la tipificación de estos delitos como crímenes de "lesa humanidad", es decir, que no tienen plazos de prescripción y que el Estado asume una parte importante de los costos de los procesos. En este contexto fue creado el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, producto del acuerdo alcanzado por los gobiernos de los presidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, quienes han dado prioridad al respeto de los derechos humanos sobre los planteamientos políticos partidistas. Se intenta con ello, despolitizar los procesos, darles un acceso en igualdad a todas las víctimas, permitiendo que un tiempo de duelo más largo de las víctimas o sus familias no impida el inicio del proceso por vencimiento del plazo.

Es posible afirmar, observando la experiencia de otros países, que el trabajo que se desarrolla en Chile en el ámbito de los derechos humanos por la justicia chilena y concretamente en referencia al debate que ha acompañado el juicio del Presidente Frei Montalva, es una forma de canalizar el conflicto social producto de la represión de la dictadura de una forma democrática y legal. Esto es muy importante para el proceso de reconciliación. Se debe considerar que la impunidad puede ser una causa de la desestructuración de una sociedad, como ha sucedido en España, con años del terrorismo de ETA y el independentismo en Cataluña. Tampoco se debe olvidar que la acción de apoyo por restablecer los derechos humanos de una persona no es solo un acto político, sino que representa un drama familiar y social que debe contar con el apoyo de todos.

El presidente Eduardo Frei-Ruiz Tagle, en sus recientes declaraciones refiriéndose al fallo del juez Madrid, lo califica de histórico afirmando que la sentencia abre una puerta importante de colaboración para esclarecer otros procesos. No se puede estar más de acuerdo con ello, y podría agregarse que servirá igualmente para profundizar en una memoria histórica basada en la verdad, en los valores humanistas de respeto a la democracia y los derechos humanos.