Filipinas: incomprensible abstención de Chile

El pasado jueves se votó en el Consejo de Derecho Humanos de las Naciones Unidas (CDH) una propuesta de resolución presentada por Islandia que buscaba presionar al gobierno de Filipinas a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, llevar a cabo investigaciones imparciales y perseguir las responsabilidades correspondientes en el contexto de lo que se ha llamado en ese país "la guerra contra la droga". También pretendía llamar al gobierno de Rodrigo Duterte a cooperar con la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con los mecanismos del CDH, incluyendo el facilitar las visitas al país y prevenir y abstenerse de todo acto de intimidación o represalia. Por último, la propuesta requería a la Alta Comisionada preparar un informe escrito comprensivo de la situación de los derechos humanos.

Esta propuesta, a todas luces necesaria, podría estimarse incluso tímida ante la urgencia debido a la crítica situación en este país denunciada por numerosas ONG y que se encuentra en examen preliminar en la Corte Penal Internacional. No buscaba condenar lo que ocurre en Filipinas sino ejercer presión internacional y abrir una vía de investigación. Islandia buscaba así el más amplio consenso de los 47 miembros del CDH. Esta resolución fue votada a favor por 18 Estados, 14 votos en contra y 15 abstenciones. Dentro de las abstenciones se encuentra sorprendentemente Chile.

Al día siguiente de la abstención, el Ministro de Relaciones Exteriores Teodoro Ribera informó del envío de una nota diplomática explicativa. Argumentó la existencia de una "política de Estado" fundada en la existencia de dos declaraciones de nuestro país de 2017 y una de 2018 en que se habría establecido una "tendencia" de la cual se desprende que "Chile privilegia que las resoluciones presentadas por primera vez sobre esta materia sean, en la medida de lo posible, de consenso. En este caso la resolución no concitó apoyo transversal en el subgrupo regional al que pertenece Filipinas".

Si la abstención sorprendió, más aun la explicación.

En primer lugar, cabe preguntarse si existe tal "política de Estado". Ya el concepto es debatido en la literatura especializada. Podríamos entender, en términos generales, que estamos hablando de un cierto consenso sociopolítico desarrollado durante un proceso de participación transversal y que determina un curso de acción de la política exterior del Estado, más allá de los gobiernos de turno. Se buscaría mantener una línea rectora que refleje ideas compartidas por un amplio sector del país, a largo plazo, estable y con continuidad. En este sentido, estimo que lo que sí ha sido una política de Estado -al menos desde el retorno a la democracia- es la promoción y defensa de los derechos humanos en el concierto internacional.

¿Podríamos por tanto hablar de "política de Estado" en este caso recurriendo a antecedentes de 2017 y 2018?

Para que estemos en presencia de dicha política de Estado se necesitaría de precedentes unívocos y repetidos en el tiempo, fruto de un proceso y consenso transversal. Y es aquí donde también la explicación del Ministro puede ser rebatida: Chile no era parte del CDH en 2017. Las declaraciones mencionadas no fueron abstenciones, primero, porque mal podríamos haber votado si no éramos miembros y, segundo, porque fueron declaraciones en el contexto de un debate general del Consejo. ¿Son precedentes suficientes para hablar de política de Estado en la materia? Creo que no.

A lo anterior podemos agregar que en septiembre de 2018 Chile, junto a otros países, presentó un proyecto de resolución respecto a la violación de derechos humanos en Venezuela. Esta proposición era la primera que se presentaba. No hubo consenso en el subgrupo regional de América Latina y El Caribe (Cuba votó en contra) y sin embargo Chile votó a favor. Similar situación ocurrió con otra resolución respecto a Nicaragua. ¿Podemos hablar de tendencia? Creo que no. Estimo que Chile hizo bien en presentar y votar a favor esta resolución en relación a Venezuela y que fue un error abstenerse en el caso filipino.

En la parte final de la justificación se expresa que Chile "manifiesta su preocupación por la situación de derechos humanos en dicho país y lo insta a cooperar con los mecanismos de investigación de denuncias de violaciones de derechos humanos y de rendición de cuentas correspondientes". ¿No es eso justamente lo que buscaba la propuesta islandesa? ¿Cuál sería entonces la razón para no apoyar esta resolución si compartimos su objetivo?

Si analizamos los votos de los demás Estados integrantes del Consejo podemos observar que entre los votos a favor se encuentran los países de la Unión Europea (con excepción de Hungría) y de América Latina (con excepción de Brasil), países respecto de los cuales declaramos compartir valores en materia de respeto de los derechos humanos. ¿A cuál grupo pertenecemos? ¿Con quiénes nos coordinamos y cooperamos, entonces?

Nuestro Canciller señaló además que "estamos esperando que Filipinas también responda adecuadamente a las peticiones que se le han hecho, pero es indudable que si nosotros no vemos mejoras sustantivas nuestra posición se irá incrementando cada vez más como lo hemos incrementado en esta oportunidad". ¿Esperábamos cooperación de Filipinas? Debemos recordar que no solo Duterte se retiró de la Corte Penal Internacional sino que amenazó a sus funcionarios. Basta leer un par de declaraciones del mandatario filipino para darse cuenta que si hay algo que Filipinas no hará es cooperar con Naciones Unidas. Prueba de ello es que el representante del país asiático se retiró de la sesión del CDH y manifestaron que no colaborarán con el sistema de derechos humanos de la ONU.

Desde el punto de vista político, es indudable que proyectamos internacionalmente una imagen de doble estándar más aun cuando Chile ha adoptado una posición de liderazgo regional respecto a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Incomprensible resulta ahora esta abstención, más aun cuando los crímenes denunciados son de una brutalidad y alcance mayor y en que el propio régimen de Duterte ha reconocido la existencia de al menos unos 4 mil casos de ejecuciones extrajudiciales.

¿Qué motivó a nuestro país a abstenerse? La verdad es que me cuesta comprender esta decisión. No identifico claramente el razonamiento o estrategia que hay detrás. Solo me aparecen claros los efectos negativos para nuestro país y lo impresentable que resulta tanto la abstención como la justificación efectuada.