Fin al lucro



A raíz de la última decisión del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior que prohibía que sociedades con fines de lucro fueran controladoras de universidades, se sucedieron declaraciones que retroceden de forma importante en el desarrollo del debate educacional de los últimos años. Se ha dicho que ha pesar de esta decisión la prohibición al lucro se mantiene, argumento contrario al sentido común que invita cínicamente a perpetuar la situación actual en que se lucra mediante artimañas archi estudiadas a vista y paciencia de todo el mundo.

Otros alegan que con el rechazo al lucro estamos negando la legítima retribución producto del trabajo. Habría que preguntarle a esa persona si considera que importantes organizaciones de beneficencia son en realidad organizaciones con fines de lucro, ya que sus directores obtienen una legítima retribución. Nuevamente, el sentido común indica que no son lo mismo una transnacional que se transa en la bolsa, cuyos accionistas deben tomar las decisiones que más rentabilicen su inversión, que una comunidad académica que reparte parte de sus utilidades en pagar sueldos de directivos.

Finalmente, el actual Subsecretario de Educación remató argumentando que el lucro siempre está presente en la educación, señalando como prueba los útiles escolares. Es probable que el sr. Subsecretario sea plenamente consciente de que la producción y comercialización de cuadernos está lejísimo de la formación de profesionales y la investigación, tanto en complejidad como en relevancia estratégica para el país.

El consenso transversal en la sociedad chilena, y que se expresó en el proyecto de ley de educación superior aprobado en el Congreso, es que el lucro es un incentivo negativo cuando se trata de educar personas. Lo anterior, debido a que la educación requiere la formación de comunidades unidas en torno al proceso educativo, mientras que el lucro presupone la existencia de un dueño que desea producir ganancia. Con frecuencia, ambas cosas no son compatibles.

Entonces, es deber de todos atender la decisión tomada por el Tribunal Constitucional y buscar una solución que reincorpore la prohibición efectiva del lucro mediante la exclusión de sociedades controladoras con fines de lucro. Para ello, será importante conocer el texto del fallo para estudiar, más allá de trascendidos, los argumentos que llevan al tribunal a tomar su decisión.

Con el fallo a la vista, habrá que realizar primero un análisis de las competencias autoatribuidas por el Tribunal Constitucional. Recordemos que, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, dicho tribunal solo puede declarar de forma preventiva la inconstitucionalidad de una ley si esta tiene rango de Ley Orgánica Constitucional o si el Presidente, alguna cámara o al menos diez diputados o senadores se lo solicitaron. En principio, no concurren ninguno de estos supuestos, por lo que el Tribunal deberá fundamentar en su fallo la legitimidad de su decisión, de lo contrario, habrá pasado por encima de la institucionalidad.

Finalmente, asumiendo que el Tribunal hará prevenciones de fondo, lo que corresponde es hacerse cargo de ellas. Si se estima que la norma atenta contra el derecho de asociación se puede buscar una forma de garantizarlo manteniendo la prohibición de ser sociedades con fines de lucro, por ejemplo, estableciendo un tipo especial de corporación a la que puedan acceder quienes ejerzan como controladores de universidades. Lo mismo aplicaría si el argumento se refiriera a la libertad de enseñanza, es posible crear nuevas formas de personas jurídicas que otorguen flexibilidad y se adapten a la institucionalidad universitaria sin que tengan que ser con fines de lucro.

Con el consenso que hemos visto estos últimos días en torno a la prohibición del lucro en las universidades no debiese faltar la voluntad política del ejecutivo y el oficialismo para subsanar este traspié y mantener el acuerdo votado en ambas cámaras de congreso. De lo contrario, ¿cómo nos podrían asegurar que no va a pasar lo mismo con lo acuerdos que actualmente propone el ejecutivo?

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