Financiamiento estudiantil: una oportunidad

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El CAE fue diseñado en 2006 por el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, y comenzó a funcionar en 2007. Hoy se discute un sistema que lo reemplace.



El gobierno envió al Parlamento, a principios de Junio recién pasado, un proyecto de ley que crea el Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS), con el objetivo de reemplazar los dos instrumentos actuales de financiamiento estudiantil en la Educación Superior, que son el Crédito con aval del Estado (CAE) y el Fondo Solidario de crédito Universitario (FSCU). ¿Qué ha motivado la presentación de este nuevo Sistema de Financiamiento Estudiantil y cuáles son sus diferencias principales con los instrumentos de financiamiento estudiantil que quiere reemplazar?

El Crédito con Aval del Estado –CAE-, fue creado en el año 2006 y desde entonces a la fecha ha atendido a 934 000 estudiantes, con créditos bancarios con tasas de interés del 6%, hasta el año 2013 y de ahí hasta ahora del 2%, tasa avalada por el Estado. El pago del CAE comienza 18 meses después del egreso del estudiante y la deuda se paga en un plazo de 10, 15 0 20 años, dependiendo del monto adeudado y el pago se puede suspender por cesantía o por continuación de estudios en el extranjero. Conocido es el rechazo que ha suscitado este instrumento en sus eventuales beneficiarios, los estudiantes, debido a los altos niveles de endeudamiento que les ha provocado a ellos y sus familias y al conformismo garantista que ha tenido el Estado.

El FSCU, por su parte, es un crédito que, desde 1994 a la fecha ha estado destinado exclusivamente a estudiantes de las 25 Universidades del Cruch, que cubre total o parcialmente el costo de las carreras universitarias, exigiendo un puntaje de 475 puntos de PSU y favorece, con hasta el 100% del arancel de referencia, a estudiantes pertenecientes al 60% de la población más vulnerable del país. La devolución del crédito se hace en 12 años en general, o en 15 si la deuda es superior a 200 UTM y el interés que se cancela por el crédito es del 2%,  subsidiado por el Estado.

El nuevo Sistema de Financiamiento Solidario contempla la creación de una entidad estatal que se hará cargo de la administración del Sistema, sacando a la Banca privada de dicho proceso, y generando un procedimiento único para sus beneficiarios: éstos pueden ser los actuales usuarios del CAE y del FSCU que soliciten su traslado al nuevo sistema y los nuevos usuarios, que provendrán de Instituciones Acreditadas (Universidades con al menos 475 puntos de PSU, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica con promedio NEM 5,3 o provenientes del 50% superior de su promoción o ranking). El sistema favorece a estudiantes provenientes del 60% de la población más vulnerable del país y el financiamiento, calculado a valor UTM y con una tasa de interés del 2% real anual, corresponderá al monto determinado por el arancel de referencia y un porcentaje de hasta 1,5 veces dicho arancel para cubrir una eventual brecha entre este arancel y el real para las IES.  Esta posibilidad, en todo caso, dependerá del grado de vulnerabilidad del estudiante y del nivel de acreditación de la Institución que lo acoge. Cumplidas estas condiciones, las IES deberán asegurar a los estudiantes cursar sus estudios sin hacer otros pagos, cubriendo ellas con mecanismos propios eventuales brechas. Los beneficiarios no deberán destinar más del 10% de sus ingresos a cubrir la deuda y una vez culminado sus estudios, ésta se paga en un máximo de 180 cuotas (15 años), al final de cuyo período la deuda se extingue, aún si hay montos remanentes,  por ingresos menores al salario mínimo o por cesantía.

Todo hace presumir que el nuevo sistema, con las mejoras que pueda introducir la discusión parlamentaria, es una oportunidad para superar las dificultades que tiene el financiamiento estudiantil, sea por el propio crecimiento de la Educación Superior, sea por las debilidades de los propios mecanismos existentes, que si bien fueron respuesta en el momento en que se implementaron, dejaron de serlo para la realidad actual. Superar esto pasará por perfeccionar la normativa que se propone, eliminando algunos gérmenes de discriminación que contiene la propuesta original, como el puntaje PSU exigido para la aplicación del financiamiento en las Universidades -475 puntos-, condición que afecta principalmente a postulantes provenientes de los sectores más vulnerables y especialmente a trabajadores que estudian. De la misma manera, debe revisarse los riesgos reales que corren las IES con el método de garantizar el financiamiento con un arancel de referencia  que ha sido insistentemente denunciado como insuficiente para garantizar su gestión y autonomía.

El nuevo sistema de financiamiento estudiantil, es una oportunidad, siempre que se avance en su perfeccionamiento y urgencia.

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