Opinión

Fondo solidario y déficit por gratuidad


La semana pasada, en la aprobación de la Ley de Presupuestos de la Nación para 2019, la oposición votó a favor de una indicación presentada por una senadora DC, que establece que las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores (Cruch) podrán disponer de una parte de los recursos del Fondo Solidario para palear los déficits que les está generando la gratuidad. Su aprobación, sin embargo, ha generado dudas por una posible inadmisibilidad, por un lado, al tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y, por otro, porque se modifica la operación de una ley de carácter permanente, que está fuera de las ideas matrices del proyecto de presupuestos. Chile Vamos, en tanto, manifestó que recurrirá al Tribunal Constitucional para revisar esta disposición.

El crédito del Fondo Solidario nació el año 1994, en reemplazo del antiguo crédito universitario. Desde entonces, permite a las universidades del Cruch otorgar apoyo económico a sus estudiantes para el pago de sus aranceles, los que una vez que egresan, deben devolver su deuda en cuotas proporcionales a sus ingresos y en un plazo máximo determinado. Esto permite reponer los recursos para que nuevos alumnos puedan verse beneficiados, lo que justifica la lógica de solidaridad. Sin embargo, el diseño del crédito -y posiblemente un insuficiente esfuerzo en la cobranza- ha llevado a una recuperación incompleta de las deudas, razón por la cual el Fisco año a año dispone nuevos recursos, que hasta la fecha suman más de US$ 2.800 millones.

No es primera vez que la oposición aprovecha su mayoría parlamentaria para aprobar la admisibilidad de indicaciones o mociones de dudosa legalidad, traspasando la carga de la prueba al Tribunal Constitucional, o a quienes deben recurrir a éste. Si bien esta instancia se justifica para zanjar contiendas constitucionales, la mayoría de las veces responde a la búsqueda de pequeños triunfos políticos o guiños a grupos de interés -en este caso, a los rectores del Cruch-, que a la larga terminan dañando la institucionalidad. Asimismo, cuando los mismos parlamentarios descuidan los procedimientos e infringen las reglas que los regulan, también producen un perjuicio a la legitimidad de su propia labor. En este contexto, se extraña que los ministerios de Hacienda y Educación no hayan hecho ver con más fuerza lo improcedente que resulta la fórmula de haber recurrido al Fondo Solidario.
En cuanto al diseño deficitario de la gratuidad, se trata de un problema real, que si no se resuelve, el sistema de educación superior lo va a sufrir. Sin embargo, la falta de autocrítica de quienes la aprobaron y legitimaron a pesar de sus defectos es ominosa. Sería una señal valiosa que los promotores de la gratuidad -parlamentarios y ex autoridades de gobierno, pero también los mismos rectores- eviten seguir recurriendo a enmiendas parciales que sólo postergan el problema, y se aboquen a la búsqueda de soluciones sostenibles, tanto para las universidades como para el Estado. Los recursos del Fondo Solidario podrían servir para paliar parte de las pérdidas en 2019; sin embargo, en adelante seguirá existiendo el problema de fondo de una política que no se diseñó ni se legisló con el suficiente rigor.

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