Fondos de pensiones y derecho de propiedad

AFP pensiones



La Corte de Apelaciones de Antofagasta -a la que ayer se sumó la de Punta Arenas por un caso similar- decidió dar curso a un recurso de protección que presentó una profesora de dicha ciudad, en que solicita le sean restituidos los fondos ahorrados en su AFP con el fin de poder satisfacer insolvencias, invocando para ello el derecho de propiedad que la Constitución le confiere sobre dichos recursos. La Corte, si bien no se pronunció sobre el fondo, encontró plausibilidad en la solicitud y presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional, para que sea esta instancia la que resuelva si las disposiciones del DL 3.500 que impiden el retiro de fondos previsionales para fines distintos que no sean pensión contravienen el texto constitucional.

El recurso de protección que ha dado lugar a esta controversia se enmarca dentro de una estrategia más amplia, en que se han presentado recursos similares ante otras cortes del país -sin éxito en el caso de la Corte de Apelaciones de Santiago-, auspiciados por movimientos como No+AFP y otras organizaciones civiles críticas al actual sistema previsional. La vía elegida para cuestionar la actual normativa, haciendo valer el derecho de propiedad para disponer de los fondos, aun cuando ello pueda responder a fines legítimos -como hacer frente a insolvencias o gastos imprevistos-, validaría un principio que supone graves desajustes y en la práctica haría inviable un sistema de seguridad social.

El derecho de propiedad se encuentra acertadamente reconocido y resguardado en la Constitución, pero tal derecho reconoce límites frente al interés general (función social de la propiedad), algo que aplica a la seguridad social. La evidencia es concluyente en cuanto que contar con un sistema de ahorro forzoso es indispensable, porque la tendencia natural de las personas es privilegiar el consumo presente y no el largo plazo. Sin dicho ahorro, para el Estado -y por tanto para los contribuyentes- sería imposible asumir la carga de pagar pensiones, creando un evidente caos social; es evidente entonces que sin perjuicio de que los afiliados mantengan la propiedad de los fondos, el interés general justifica una restricción tal que dichos recursos por regla general se utilicen para el pago de pensiones y no se rescaten anticipadamente o se utilicen para otros fines.

Sin perjuicio de lo anterior, es lícito debatir si las personas una vez cumplida la edad para pensionarse, en la medida que cuenten con suficientes recursos propios o logren una jubilación que les permita no ser una carga para el Estado, puedan libremente retirar los saldos restantes. Dar estas libertades sería una forma muy concreta de reafirmar que los dueños de los fondos son los trabajadores.

Pero quizás después de todo lo más llamativo de este debate es que, sin pretenderlo, se está validando el sistema de capitalización individual, pues expresamente se está reconociendo el derecho de propiedad de los trabajadores sobre los fondos, que es justamente la piedra angular sobre la cual descansa el actual sistema y que garantiza que dichos fondos no podrán ser expropiados por el Estado.

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