Forma y fondo

Secundarios se toman el Liceo República de Siria en Ñuñoa, sede de la PSU.

El 6 y 7 de enero, las protestas de escolares contra la PSU inhabilitaron decenas de locales.



Lo ocurrido con la Prueba de Selección Universitaria en estos días no tiene parangón en nuestra historia reciente, no sólo se deberán repetir los exámenes de matemáticas, lenguaje y ciencias a fin de mes, sino que la prueba de historia debió ser suspendida tras la filtración del examen. El balance es, a todas luces, una triste noticia. Sólo en cuatro de las quince regiones no se registraron problemas, en las demás fueron miles de jóvenes los que se vieron imposibilitados de rendir la prueba porque en muchos establecimientos del país se produjeron manifestaciones que hicieron imposible llevar adelante el proceso. Lo ocurrido plantea un dilema relevante de forma y fondo, que no está ausente en general de la manifestación social y de su legítima aspiración a querer cambiar las cosas. Mal que mal, ha sido la propia protesta la que ha logrado visibilizar la profunda fractura que tenía nuestro país y que hoy permite pensar en una agenda de transformación importante. No obstante, la forma y el fondo van siempre unidos o, dicho de otro modo, no es posible separar los fines, por más legítimos que sean, de los medios que se utilizan para conseguirlos.

En efecto, respecto al fondo, no cabe duda que la denuncia que realizan los manifestantes respecto al sistema de selección para las universidades tiene todo el sentido del mundo. Chile tiene un sistema educacional segregado que genera una serie de brechas (sociales, de género, territoriales, etc.), que se expresan en toda su crueldad en los resultados de esta prueba. Para muestra, un par de datos de la PSU 2018. De los 209 puntajes nacionales, 153 fueron de colegios particulares pagados y sólo 22 municipales; de este total, 127 colegios correspondieron a la Región Metropolitana. A ello se suma que mientras los colegios municipales concentraron el 42,6% de los puntajes menores a 450 puntos, los particulares pagados obtuvieron la mayor parte de los puntajes sobre 650 puntos (32,9%), mientras que los municipales apenas el 3,8%. Para qué decir de las brechas de género que se expresan en esta prueba y la segregación territorial asociada a las comunas más ricas y más pobres.

Por eso no es de extrañar que, en el marco de un estallido social que ha puesto en el centro de la discusión el debate por la desigualdad y la justicia social, la PSU haya aparecido como el reducto de muchos de estos males de nuestra sociedad. El punto es si la manera de manifestarse, que ha perjudicado a los propios estudiantes y las esperanzas de miles de familias, no tiende finalmente a perder el foco de la magnitud de la demanda y puede terminar siendo funcional para los propios sectores refractarios a la construcción de un pacto social por vía institucional, que creo, es la única vía posible para lograr consolidar una transformación política, económica y social viable en el tiempo.

En efecto, vale la pena preguntarse ¿quién gana y quién pierde con esta protesta en el contexto en que estamos? A la luz de lo que ha sucedido en los días posteriores, se siembra un manto de duda respecto a si el objetivo buscado por las organizaciones estudiantiles finalmente llegó a puerto. Porque mientras el Ministerio de Educación anuncia querellas y pone el foco en el tema de la violencia, ha habido sectores que han acusado "falta de garantías y ausencia de paz" para llevar adelante el proceso constituyente y qué decir de la ausencia absoluta de una discusión sustantiva de los temas de fondo planteados en esta manifestación. Este discurso olvida, por cierto, que los garantes del Estado de derecho y el orden público son las autoridades, no los civiles y menos los jóvenes movilizados.

Así las cosas, en momentos tan particularmente delicados como este, el peligro de volver a fojas cero en el camino para la construcción de un pacto social, vuelve a estar a la vuelta de la esquina y arriesga a que el horizonte de llegada, con una agenda sólida tanto en lo social como en lo constitucional, finalmente desaparezca del camino. El problema no es sólo táctico, es de horizonte estratégico y de sentido común, porque con esto sólo ganan la polarización y los extremos que, por distintos motivos, no creen en la vía institucional.

Nadie sabe para quién trabaja.

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