Frente Amplio y remoción de fiscal nacional

El pleno de la Corte Suprema declaró admisible la solicitud de remoción que un grupo de parlamentarios del Frente Amplio (FA) presentó en contra del fiscal nacional, a quien acusan de incurrir en graves negligencias que lo inhabilitan para seguir ejerciendo el cargo.

Los promotores de este recurso han celebrado efusivamente la decisión de la Corte, pero en realidad no se trata más que de un acto apenas formal. Los magistrados simplemente estimaron que la presentación cumple con los requisitos de forma que exige la Constitución para solicitar la remoción de un fiscal nacional -materia que la carta fundamental reserva al máximo tribunal-, por lo que lo verdaderamente extraño habría sido que tal petición se hubiese declarado inadmisible en una fase tan temprana.

Pero más allá de estos formalismos, es lamentable que una vez más el FA haya decidido tensionar la institucionalidad, valiéndose de argumentaciones que no encuentran sustento en un análisis jurídico sólido. La infundada acusación constitucional presentada en contra del ministro de Salud, que cayó en el vacío, fue un grave tropiezo, y ahora se arriesga a incurrir en el mismo error, aunque probablemente sus impulsores están más enceguecidos con la idea de asestar un golpe político antes que de los efectos sobre su propio prestigio.

Es evidente que esta acción está motivada por determinadas resoluciones que la Fiscalía ha adoptado en ciertos casos de financiamiento irregular de la política, y que no son del agrado del FA. Es legítimo discrepar de estas actuaciones de la Fiscalía, pero un asunto distinto es a partir de ello fabricar un artilugio, sobre todo cuando estos acuerdos han sido aprobados por tribunales de garantía, y el fiscal nacional se inhabilitó desde el inicio en el caso Penta por razones de parentesco.

De un grupo político emergente, especialmente compuesto por figuras jóvenes, se espera un aporte más sustantivo al debate nacional, basado en la defensa de idearios y la confrontación de propuestas, antes que un ejercicio de viejas prácticas, que no por ello dejan de causar ruido y un desprestigio innecesario a las instituciones.