Fuerte retroceso en libertad económica

El fuerte retroceso que Chile experimentó en el ranking de Libertad Económica 2021 -del lugar 14 que ostentaba en el informe de 2020, cayó al lugar 29- es otra señal más que revela el deterioro que el país viene experimentado en una serie de indicadores internacionales, fenómeno que va dando cuenta de una progresiva pérdida de competitividad y un ambiente menos favorable para la inversión. Es justo lo contrario de lo que ocurría hace menos de una década, cuando el país exhibía sobresalientes desempeños, marcando una clara diferencia en la región.

De acuerdo con esta medición -elaborada por el Fraser Institute de Canadá, en asociación con Libertad y Desarrollo-, pese a su caída Chile continúa liderando en libertad económica a nivel regional, algo desde luego valioso pero que ya no debería ser motivo de conformidad, pues entre los 42 países que exhiben mejores estándares en esta materia, solo seis -incluida la economía chilena- forman parte de este grupo, en tanto que el país con menor libertad económica en el mundo es Venezuela, prueba del ominoso deterioro al que han conducido las políticas chavistas.

Los países con altos grados de libertad económica muestran en general mayores ingresos per cápita, la población en situación de pobreza recibe en promedio más ingresos en comparación a aquellos con escasa libertad económica, mientras que las expectativas de vida de la población también es mayor. Mercados abiertos, derechos de propiedad robustos, libre intercambio de bienes son aspectos inherentes a la libertad económica, consustanciales para alcanzar mayores niveles de desarrollo.

Dentro de las categorías que mide el estudio se observa que en tamaño de gobierno hay una pronunciada caída -del lugar 19 se pasa al 31-, fenómeno atribuido entre otras razones al fuerte aumento del gasto público. La crisis social y los efectos de la pandemia han elevado el gasto fiscal a niveles sin precedentes, y es previsible que en el debate constitucional se buscará asegurar una serie de derechos sociales, lo que va tornado cada vez más difícil volver a niveles de gastos sustentables y bien focalizados. Es legítimo que un país busque cerrar brechas y brindar mejores estándares sociales a su población, pero el fuerte crecimiento del Estado y del gasto fiscal también tiene una contracara que parece estar siendo completamente ignorada, y que a la larga -por paradójico que resulte- puede terminar deteriorando la calidad de vida de la población que se busca favorecer.

Tampoco es una buena señal que el país haya retrocedido en el área de estructura legal y seguridad de la propiedad privada, pues aunque la baja no es considerable, enciende luces de alerta, sobre todo cuando otros países experimentaron mejoras en esta variable. El indicador peor evaluado es la regulación crediticia, laboral y de los negocios, donde el factor más incidente parece ser la rigidez del mercado laboral. Todos estos antecedentes relevan la importancia que desde el ámbito político se envíen señales más claras de que pilares esenciales para el desarrollo no seguirán debilitándose.