Fundamental compromiso por la paz

El país ha vivido horas de angustiosa tensión a raíz de los incidentes de vandalismo sin precedentes que se produjeron el martes a lo largo de todo el país, profundizando el sentimiento de temor en que se encuentra la ciudadanía y poniendo en riesgo las bases mismas de nuestra democracia.

Por eso el llamado que ha hecho el Presidente de la República a todos los sectores políticos para alcanzar un gran acuerdo nacional por la paz es valioso, y cabe esperar la suficiente grandeza para comprender que el delicado momento actual no admite cálculos pequeños, sino visión de Estado y compromiso con el país. Es evidente que un estado de derecho no puede consentir saqueos, quemas de propiedad pública y privada, como tampoco amedrentamientos de turbas descontroladas. Prolongar una situación así supondría llevar al país al despeñadero -el daño que se ha producido hasta el momento en nuestra economía resultará ominoso en términos de empleo y caída en la producción-, con consecuencias impredecibles para nuestra convivencia.

El compromiso por la paz supone repudiar toda forma de violencia -sin ambigüedades ni matices- e internalizar que la convivencia se torna inviable cuando el estado de derecho es sobrepasado. La violencia y el amedrentamiento no pueden ser utilizados para justificar demandas sociales, por muy legítimas que éstas puedan ser. Desde que estalló la crisis hace casi un mes, diversos sectores se negaron a una condena tajante del violentismo -equivocadamente se lo asimiló como parte de la protesta social-, y en algunos casos se cayó en la irresponsabilidad de justificarlo, cuando no alentarlo.

Es particularmente bienvenido el cambio de tono que en las últimas horas se ha visto en los principales partidos y dirigentes de oposición, que han salido a condenar la violencia en forma categórica, desde algunas figuras del Partido Comunista y el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana. Esta actitud resulta un paso crucial no solo para aislar a aquellos sectores que insistan en ponerse del lado del vandalismo, sino porque además es congruente con lo que la ciudadanía demanda en este momento de sus gobernantes y representantes, quienes tienen la obligación de asegurar la paz y nuestra convivencia.

La señal que se ha dado desde el ámbito político es valiosa y un potente aliciente para legitimar la acción del Estado en favor de recuperar el orden público. Sin embargo, este gesto no es suficiente. Es también necesario apelar a la conciencia de la propia ciudadanía, de tal manera que la herramienta de las marchas -un derecho que tienen los ciudadanos y un instrumento legítimo en democracia- deje de utilizarse en este momento, para así facilitar a las fuerzas de orden y seguridad la tarea de restablecer cuanto antes el orden público. La responsabilidad de cuidar la democracia y velar por el bienestar de toda la sociedad no solo corresponde al gobierno, los partidos políticos y las instituciones del Estado, sino ante todo cabe esperar que cada habitante del país lo asuma como un deber cívico elemental.

La crisis está lejos de haber concluido y los acuerdos políticos son ahora indispensables para lograr que esta delicada situación disminuya en intensidad y se pueda procesar por los cauces institucionales.