Gasto público y reducción de desigualdad

El Ministerio de Hacienda se ha puesto como objetivo mejorar la eficiencia del gasto público, y para esos fines se está realizando una revisión de todos los programas, incluidos los sociales; recientemente se ha constituido también una comisión transversal de expertos que apoyará a la cartera en este propósito.

Si bien ello podría parecer un objetivo obvio, lo cierto es que se trata de un esfuerzo valioso, que debiera sentar un precedente en la manera en que se asignan los recursos públicos y se modifican los presupuestos cada año. En el último tiempo se han conocido diversos antecedentes que muestran ineficiencias que se producen en el sector público –por ejemplo, en materia de salud-, así como también el importante rol que éste tiene a la hora de reducir las desigualdades en la población.

En relación a esto último, un análisis reciente de Libertad y Desarrollo estima que la contribución del gasto público a la reducción de la desigualdad va más allá de las transferencias monetarias que éste entrega, que en efecto representan una parte minoritaria del presupuesto total. Y que, en cambio, el principal mecanismo a través del cual el Estado actúa es mediante el financiamiento de servicios como la salud pública y la educación en todos sus niveles. De esta forma, el think tank concluye que una vez que se contabilizan tanto los subsidios como los recursos dirigidos a costear estas prestaciones y se imputan al ingreso de sus beneficiarios, la desigualdad se reduce considerablemente. El índice Gini, por ejemplo, cae en 11 puntos –que equivalen a cerca de un quinto-, mientras que el índice 10/10 cae casi a la mitad.

De esta forma, parece evidente que más que seguir aumentando el gasto público y buscando aumentar la recaudación a toda costa, es hora de detenerse a evaluar cómo son percibidos por la ciudadanía los servicios que éste financia y en qué grado se está cumpliendo con los propósitos para los cuales fueron diseñados. Es necesario que en el debate público se tome conciencia que si se aspira a que el país progrese, la eficiencia y monitoreo constante del gasto son claves. Ello permitirá ir encontrando espacios de mejora y avanzar en que cada peso que el Estado ya está gastando, incremente el bienestar de las personas y reduzca la sensación de desigualdad de trato y brechas de calidad que se perciben entre los servicios públicos y privados.

Con todo, para que estos esfuerzos rindan frutos, se requerirá del apoyo decidido del Congreso y la oposición, en el sentido de superar la resistencia al cambio que suele evidenciarse cada año en la discusión del presupuesto de la nación. Pues para mejorar la eficiencia del gasto público se deberán tomar decisiones difíciles e impopulares, que implicarán transformar o incluso eliminar programas antiguos que se determine no están funcionando adecuadamente -apenas algo más del 40% de los programas públicos desarrollados en la última década tuvo buena evaluación-, de manera de liberar recursos que puedan ser reasignados a las áreas prioritarias.