Gobernar para delinquir

Hasta la aparición de los cuadernos de Óscar Centeno, el chofer del "número dos" del ministerio de Planificación Federal, se tenía una idea fragmentada de la corrupción de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pero gracias a las anotaciones detalladas que hizo Centeno de los traslados de bolsas de dinero entre los empresarios que pagaban coimas y políticos que las recibían, tenemos ahora una idea más cabal del esquema delictuoso.

Lo tenemos no sólo por lo que contienen los cuadernos sino por las confesiones de los arrepentidos a los que los fiscales y el juez estrella del caso, Claudio Bonadio, han hecho cantar. La obra pública fue el epicentro, como en el Brasil de "Lava Jato", de un toma y daca entre empresarios que pagaban comisiones a cambio de obtener concesiones y ganar licitaciones, y políticos que las otorgaban por dinero ilícito y, a menudo, extorsionaban a las empresas.

No sabemos todavía el monto total, aunque los fiscales y el juez creen que los trasiegos de los que da cuenta Centeno en sus cuadernos pudieron ascender a entre 150 y 200 millones de dólares. Allí no se agota, sin embargo, la trama. Gracias al testimonio de Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, se sabe que toda la obra pública fue objeto de pagos ilícitos de forma sistemática.

¿A cuánto puede ascender todo eso? El monto total de la obra pública durante los 12 años del kirchnerismo fueron US$ 107 mil millones; si es cierto que las comisiones se situaban entre el 10% y el 20%, hablamos, en el mejor de los casos, de unos 10 mil millones de dólares (más del doble que "Lava Jato"). Con ese dinero el gobierno de Mauricio Macri cubriría el déficit fiscal y se libraría, este año, del ajuste negociado con el Fondo Monetario Internacional para afrontar la delicada situación financiera.

Hasta hace poco, era improbable que Cristina Kirchner acabara presa. Dadas las dificultades del gobierno de Macri por la nefasta herencia populista, estaba empezando a producirse una relativa revalorización de la figura de la expresidenta. Si en sus horas bajas no había ido presa a pesar de la montaña de pruebas contra ella, menos iría presa ahora.

De hecho, un juez retirado ha llegado a confesar que una de las causas contra Cristina sobreseyó por las presiones insoportables que recibió. Sin embargo -y a pesar de que Macri nunca ha querido ver a Cristina entre rejas por temor a la inestabilidad que ello traería-, la riada de confesiones y arrepentimientos de los corruptos está acercando a la Justicia a la inevitabilidad de la decisión que nadie quería tomar.

Una de las protecciones que le quedaban a Cristina era el Senado, al que pertenece y donde tendrían que levantarle sus fueros. El peronismo, que la detesta pero le teme, no ha querido dejarla indefensa hasta ahora. Coqueteó, recientemente, con permitir que los fiscales y la Justicia allanen su casa, pero finalmente el Senado se opuso; la presión, sin embargo, para que le levanten sus fueros va "in crescendo". Seguir protegiéndola puede tener para el peronismo un costo electoral devastador: no hay que olvidar que habrá comicios presidenciales en 2019. Los 12 años de kirchnerismo, durante los cuales se delinquió en nombre de la revolución y los derechos humanos como nunca antes en democracia, fueron una estafa ideológica que buena parte de la sociedad y las instituciones aplaudieron hasta que la crisis económica hizo inviable su continuidad. Los argentinos, empezando por el peronismo, tienen la obligación moral de sepultar esa estafa para siempre en las urnas.