Gratuidad y acortamiento de carreras

En el modelo pre gratuidad en la educación superior, competitivo, la necesaria priorización de proyectos ocurría al interior de las universidades e institutos profesionales, que, interesados en atraer a los mejores alumnos y profesores, debían definir estrategias correctas para estar a la vanguardia. El resultado fue un sistema diversificado, con distintos desarrollos en investigación y educación superior, diferenciados según los objetivos y habilidades de diversos tipos de estudiantes y profesores que se quería atraer: un sistema definido en su tamaño, diversificación y contenidos, por la demanda, esto es, los intereses de los estudiantes. La gratuidad no vino a asegurar que estudiantes sin recursos pudiesen acceder a estudios superiores; eso podía garantizarse con becas y préstamos. Dicha política solo trajo -por la vía de asignar los recursos del Estado a través de un proceso centralizado, y limitando otras fuentes de financiamiento- el control estatal, la "normalización" universitaria y la centralización del devenir de la educación superior en Chile.

La irrupción de la gratuidad, como se previno, vino a empobrecer la educación superior, al prescindir de parte de los aportes de las familias, y reducir los que el Estado aportaba a través de becas y créditos. Más grave aún, se anticipó que iría indefectiblemente limitando la libertad de las entidades de educación superior para determinar sus objetivos y estrategias, por haberse hecho tan dependientes del Estado. Hoy, todo indica que, efectivamente, el sistema va a disponer de menos recursos monetarios y está sufriendo la pérdida de flexibilidad para definir y gestionar su desarrollo.

Inmersas ya en el proceso de asignación presupuestaria de los recursos públicos, las universidades en gratuidad visualizan soluciones comunes, para sus problemas comunes, que son los propios de depender de una instancia de decisión política, colectiva. Así, ante la falta de recursos porque los estudiantes demoran más tiempo en terminar sus carreras, la primera acción conjunta de los rectores involucrados fue buscar extender la gratuidad al financiamiento de esos años de atraso. Ahora, se avanza en otra fórmula: un consenso para acortar las carreras, en una propuesta de "normalización" simultanea, típica de organismos estatales que reemplazan la competencia por alguna fórmula simplificadora, que ajusta gastos a ingresos, y da viabilidad a todos, eficientes e ineficientes, a costa de la calidad. Y, con impudicia, algunos rectores y políticos progratuidad están también objetando una propuesta oficial de sistema alternativo de crédito, porque pudiera representar una vía de escape de la tuición burocrática para la educación superior.

En otras partes del mundo, el exitoso sistema de "liberal arts college" más un postgrado de especialización, equivale, en tiempo, a una carrera profesional en Chile, o más. No es obvio, entonces, que mejorar nuestro sistema pase por acortar estudios. Al menos, no en todas las carreras, y seguramente alargando algunas. Pero la estatización de la educación superior que trajo la gratuidad no va a permitir más diversidad ni innovación que la que puede ser entendida y manejada por la burocracia central que controla el presupuesto.