Opinión

Gratuidad y déficit financiero


El informe que entregó la Contraloría General de la República sobre financiamiento fiscal del acceso gratuito a las instituciones de educación superior -cuyos resultados fueron publicados por este medio- entrega insumos valiosos para la discusión pública, porque no solo permite dimensionar con evidencia concreta los perniciosos efectos de esta política para parte importante de las instituciones adscritas, sino que debería servir como antecedente para debatir sobre el futuro de la gratuidad, en particular hasta dónde resulta conveniente extenderla sin que se ponga en riesgo la integridad del sistema.

De acuerdo con el informe, existe un total de 46 planteles -entre universidades y centros de formación técnica- que reciben fondos por gratuidad, que en el caso de 2017 alcanzó a $ 673 mil millones. Conforme el reporte, hay 15 instituciones que presentan una diferencia neta entre el arancel real -más los derechos básicos de matrículas que fijan las propias entidades- y el monto total asignado por gratuidad. En conjunto, implican un déficit del orden de $ 17 mil millones, lo que evidencia un déficit sustancial que si bien de momento ha podido ser solventado por las instituciones, es difícil imaginar que ello se pueda prolongar en el tiempo sin que resienta la calidad o conlleve el cierre de una serie de programas de investigación.

Los números que ha detectado la Contraloría no deberían, sin embargo, llamar a sorpresa, pues este escenario de déficit financiero fue largamente anticipado durante la discusión legislativa del proyecto de nueva ley de educación superior, pero en vez de acoger estas observaciones y replantear la manera en que iba a entregar la gratuidad, se optó por la vía de crear subvenciones especiales para las universidades estatales así como otros fondos destinados a los planteles privados del Consejo de Rectores como forma de acallar las críticas y destrabar la resistencia que generaba el proyecto, lo que en los hechos solo ha implicado postergar un problema que tarde o temprano se va a producir.

Ahora que hay antecedentes oficiales que demuestran el impacto financiero que provoca la gratuidad tal como ha sido diseñada, es inevitable preguntarse cómo seguirá la implementación de esta política, considerando que el compromiso del actual gobierno es extenderla más allá del sexto decil -en la medida que las finanzas del sector público así lo permitan-, profundizándola también en la educación técnica. Un comité técnico deberá determinar el valor del arancel de referencia que se cobrará a aquellos estudiantes que se ubiquen entre el séptimo y noveno decil, siendo incierto si el mayor arancel que se le podría cobrar a este segmento será suficiente para paliar el déficit; tampoco se podría descartar que ante la falta de recursos las universidades se vean en la obligación de congelar la matrícula, lo que evidentemente resultaría en un estancamiento de nuestro sistema de educación superior.

Si es efectivo que desde un punto de vista político no resulta viable revertir la gratuidad, el gobierno y los partidos tienen la obligación de analizar con especial cuidado las condiciones en que la gratuidad puede seguir siendo ampliada, porque tal como lo revela el informe de la Contraloría, el impacto financiero es real. Asimismo, resulta esencial evaluar si se ha traducido en mayor accesibilidad de los sectores más postergados, algo que por ahora no resulta evidente.

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