Gratuidad en educación superior

Las primeras medidas del gobierno en materia de educación han sido relativas a la educación superior. Hace algunos días se retiró el proyecto de ley sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), que Bachelet presentó a último minuto, y se envió un proyecto de ley que adelanta la gratuidad para los estudiantes del séptimo, octavo y noveno decil de ingresos que estudian en centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP).

La decisión de partir por la educación superior no es trivial. Desde un punto de vista técnico, lo más más recomendable hubiera sido partir por la educación parvularia. No solo contamos con evidencia científica contundente sobre los beneficios de invertir en educación inicial, sino que además es el nivel donde estamos más atrasados. La cobertura de la educación parvularia es menor que la de educación superior. El gobierno de Bachelet contemplaba un aumento de cobertura de 90 mil niños en sala cuna y 34 mil en los niveles medios, pero hasta agosto de 2017 solo se aumentó en 14 mil los niños de sala cuna, equivalente al 16% de la meta, y en 18 mil los niños de dos y tres años, alcanzando apenas la mitad de la meta. Además de una baja cobertura, tenemos un sistema de financiamiento injusto, que entrega menos recursos a niños de igual condición socioeconómica, aspecto en el cual no se avanzó nada en los últimos dos años. Por último, aún no contamos con los instrumentos (estándares) ni la institución (división de educación inicial al interior de la Agencia de la Calidad) que contempla la ley para resguardar la calidad de la educación parvularia, y carecemos de recursos educativos que apoyen la gestión en aula (programas para sala cuna y niveles medio, material on-line alternativo, etc). Sin duda hay mucho por hacer en este nivel educativo y dada la estrechez fiscal que enfrenta el gobierno sería importante asegurar primero los recursos para la educación inicial.

Partir por la educación superior responde entonces a una estrategia política, que busca neutralizar las demandas de los estudiantes. No es en absoluto evidente que esta estrategia sea la adecuada, pues difícilmente las soluciones que proponga el gobierno responderán a las demandas por un nuevo modelo que exigen las federaciones estudiantiles. Pero incluso de lograrse el objetivo neutralizador, ¿no sería en el fondo un triunfo del movimiento estudiantil que el gobierno anteponga la educación superior a los otros niveles educativos? El orden de los factores sí importa y más aún cuando hay estrechez económica. Además, sin considerar las complicaciones que introduce beneficiar a los estudiantes en función de dónde estudian y no de su vulnerabilidad, ¿ha sopesado el Ejecutivo las consecuencias que conllevará para los próximos gobiernos este avance en gratuidad? Es de esperar que más temprano que tarde el gobierno reordene sus prioridades, anteponiendo la educación inicial.