Gratuidad en educación técnico profesional

Hace unos días, este medio reportó la situación en que se encuentra el proyecto de ley presentado por el gobierno hace más de un año, para anticipar la entrada a la gratuidad de los alumnos de educación superior técnico profesional que pertenecen al séptimo decil de ingresos. En primera instancia, es curioso que su tramitación legislativa tarde tanto, pues a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, la idea de fondo reúne consensos entre oficialismo y oposición.

Sin embargo, esta demora representa una oportunidad para repensar esta iniciativa, que provino de un compromiso de campaña, y que pareciera responder a dos objetivos principales. Primero, mostrar un apoyo decidido hacia la educación superior técnico profesional, que aunque reúne a más del 40% de la matrícula de este nivel educativo, no ha recibido desde el Estado un tratamiento equivalente a la educación universitaria. Y segundo, este proyecto parece haber estado motivado por la necesidad del gobierno de demostrar su compromiso con la implementación de la gratuidad de la educación superior que se aprobó por ley, a pesar de no contar con la aprobación de su sector.

Lo cierto es que, despejadas dichas dudas -tras el primer año de gobierno sería difícil objetar que éste ha cumplido con la ley-, cabe preguntarse si es la extensión de la gratuidad la mejor forma de cumplir con el primer objetivo, es decir, de apoyar a la educación técnico profesional. En su lugar, una mejor fórmula podría ser perfeccionar el Crédito con Aval del Estado y las condiciones de las becas que ya se ofrecen a este sector, equiparándolas a las de los alumnos universitarios, pues mientras a éstos se les cubre en promedio sobre el 80% del arancel, en el caso de los alumnos técnico profesionales, este porcentaje no supera el 40%. De igual forma, dado que según una encuesta realizada por Vertebral, 52% de los alumnos de sus instituciones estudian y trabajan a la vez y que 22% son además jefes de hogar, pareciera más conveniente priorizar mejores becas de mantención antes que avanzar en la gratuidad de los aranceles.

Por otro lado, aún falta avanzar en el establecimiento de un sistema de acceso acorde a este tipo de educación y en la definición de estándares para la acreditación que se alineen a sus propios fines, que son diferentes a los de las universidades. Adicionalmente, un gran aporte que se podría hacer desde el Estado es reconocer las ventajas comparativas de este sector en lo relativo a la capacitación, reconversión laboral y el reconocimiento de aprendizajes previos para la consolidación de trayectorias formativas. Se trata de temas claves considerando la mayor longevidad de la población y un mercado laboral que producto de la tecnología está en constante movimiento. Una mejor articulación de la educación superior técnico profesional con la institucionalidad para la capacitación podría tener un impacto mucho mayor para la clase media y los sectores más vulnerables, y podría ser una mejor manera de relevar a este sector que abordarlo desde la política de gratuidad.