Gratuidad y futuro de la educación superior



Esta semana venció el plazo para que las instituciones de educación superior comunicaran su retiro de la gratuidad para el próximo año. Sin embargo, ninguna decidió finalmente abandonar el sistema, ni siquiera aquellas que se han visto más golpeadas por la merma en sus recursos. Ello se produce porque el Estado les entrega menos dinero de lo que recaudaban a través del cobro de aranceles, y porque además les establece un límite al aumento en sus vacantes. Ambos elementos llevan a que la única alternativa para ajustarse al menor presupuesto sea recortar gastos relacionados a proyectos de mejoramiento y actividades de investigación, que si bien pueden ser prescindibles en lo inmediato, en el mediano plazo podrían significar un perjuicio a la calidad.

Pero la situación difiere dependiendo del tipo de institución. Las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) reciben dinero complementario desde el Estado, lo que les permite paliar la merma. Las instituciones de educación técnico-profesional, en tanto, tienen aranceles más bajos, por lo que la gratuidad no les significa una caída tan fuerte en sus ingresos. En cambio, las universidades fuera del Cruch son las que se han visto más perjudicadas, pues es en éstas donde se produce el mayor déficit de recursos y porque el Fisco no les entrega dinero extra para investigación.

De esta forma, si bien una mirada parcial podría hacer creer que estas últimas iban a retirarse de la gratuidad, lo cierto es que en lo inmediato no hay suficientes razones para tomar dicha decisión. Abandonar la gratuidad en este momento podría perjudicar su imagen y las dejaría en una posición poco competitiva, mientras que los costos que ésta impone no son aún tan evidentes, sino que se irán manifestando con el paso del tiempo. Ello, pues a la fecha, ésta cubre sólo a los alumnos del 60% de menores recursos del país, y la ley establece que el avance hacia más alumnos -lo que ampliaría el déficit- sólo se dará en la medida que se incrementen los ingresos fiscales, lo que no parece vaya a ocurrir antes de 2030. De esta forma, el costo de la gratuidad vigente ya está internalizado, lo que no obsta para que sea cosa de tiempo antes de que la situación comience a tornarse insostenible -tanto desde un punto de vista financiero como en calidad-, confirmando que es una política mal diseñada.

La ley establece que desde 2019 se introducirá un control de los aranceles a los alumnos de instituciones gratuitas que aún no son cubiertos por ella; es decir, a quienes pertenecen al 40% de mayores recursos del país, lo que significará nuevamente una presión financiera, y que podría agravar la situación actual. En ese sentido, el proyecto de ley de nuevo crédito estatal que se ingresó hace algunas semanas al Congreso podría convertirse en una buena solución, en tanto libera parcialmente a las instituciones de dichos límites. Así, si bien su diseño tiene ciertos problemas que todavía es posible mejorar durante la tramitación, parece ser un mecanismo más conveniente para la sostenibilidad del sistema de educación superior, ayudando a acotar los déficits que está imponiendo la gratuidad y permitiendo a las instituciones retomar los proyectos de mejoramiento que han debido frenar.

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