Grave amenaza a la estabilidad institucional

partido comunista

La pretensión de algunos parlamentarios para adelantar las elecciones presidencial y parlamentaria constituyen una irresponsable maniobra, sin medir las consecuencias que algo así produciría.



Un grupo de diez parlamentarios de oposición -entre los que se cuentan representantes del Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social, entre otros- han presentado una nueva reforma constitucional, esta vez para adelantar al mes de abril las elecciones presidencial y parlamentaria previstas para noviembre del próximo año, haciéndolas coincidir con la elección de alcaldes y gobernadores. Conforme con la fundamentación del proyecto, se requiere un recambio de los actores políticos para que la institucionalidad esté acorde con la “voluntad popular” expresada en el reciente plebiscito, y que las “transformaciones exigidas por la mayoría no se vean obstruidas o entorpecidas por su entorno”. Esta petición se suma a la que ha formulado en similares términos el senador Alejandro Guillier, excandidato presidencial de la otrora Nueva Mayoría.

La iniciativa propuesta por los parlamentarios ha sido denunciada -y con razón- como un “golpe blando” a la institucionalidad, pues pretender acortar el mandato del Jefe de Estado legítimamente electo constituye una abierta vulneración de principios democráticos elementales, desconociendo la voluntad expresada en las urnas y desde luego abriendo un escenario de fuerte inestabilidad para el país. Un planteamiento tan irresponsable como éste resulta aún más dañino en el contexto actual, cuando se atraviesa por una compleja crisis económica producto de los efectos de la pandemia, y cuando se ha iniciado un camino constituyente fruto de un amplio acuerdo político, justamente para encauzar la crisis social que ha sacudido al país sin poner en riesgo la democracia.

Es digno de destacar que tanto la reforma como los irresponsables dichos del senador Guillier han sido objeto de un amplio rechazo entre distintas figuras de la oposición, lo que permite anticipar que no estarán los votos para una aventura de esta naturaleza. Sin embargo, no todos los sectores parecen comprender lo que está en juego con propuestas como éstas.

Uno de los grandes activos con que hasta ahora ha contado el país es precisamente la estabilidad institucional que se ha logrado sobre todo a partir de 1990. El hecho de que los presidentes democráticamente elegidos, así como el Congreso, pudieran cumplir con sus mandatos y fueran renovados en los plazos establecidos en la Constitución constituye un activo que marca una notoria diferencia con lo ocurrido en buena parte de los países de la región.

Las crisis políticas han derivado en derrocamientos, autogolpes y otras figuras que ilustran las dificultades para encauzar los momentos turbulentos. A la luz de estas experiencias es que resulta imprescindible resguardar en todo momento la intangibilidad de las normas y los procedimientos que el país se ha dado para la elección de autoridades y asegurar que mientras cumplan con los requisitos que exigen la Constitución y la ley, puedan concluir sus mandatos. Abrir la puerta para que por vías circunstanciales se alteren estas reglas validaría un proceder que colocaría al país en una constante incertidumbre.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbase aquí.