Grave precedente en “ley corta” de pensiones

El severo traspié que experimentó el gobierno en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, a propósito de la tramitación del proyecto de “ley corta” de pensiones -iniciativa con que el Ejecutivo busca aumentar la cobertura del Pilar Solidario al 80% de la población más vulnerable, e incrementar el monto de la pensión básica- es ilustrativo del severo estado de descontrol en que se ha sumido una parte del Congreso, que ha optado por un parlamentarismo de facto y pasar a llevar abiertamente las disposiciones constitucionales.

Puesto que la reforma al sistema de pensiones se encuentra trabada en el Senado, al parecer sin demasiadas chances de avanzar ante las sustantivas diferencias entre oficialismo y oposición, el Ejecutivo ha buscado con este proyecto destrabar algunos aspectos fundamentales y que tocan directamente a la población más vulnerable, como el aumento de pensiones. Además de colocar discusión inmediata, asoció su financiamiento al término de una serie de exenciones tributarias.

Fuera de todo pronóstico, la Comisión de Trabajo -con mayoría opositora- optó por reformular prácticamente todo el proyecto, abarcando aspectos que no solo tocan los beneficios previsionales -como por ejemplo expandir el pilar solidario al 85%-, sino también modificando aspectos estructurales del actual sistema previsional. Así, por ejemplo, los parlamentarios aprobaron por la vía de indicaciones que las AFP deban compensar a los afiliados en caso de retornos negativos en los últimos seis meses, el recálculo de las tablas de mortalidad desde 110 años de edad a 85 años, reducir la edad a la que las mujeres pueden acceder al Pilar Solidario, y modificar el sistema de cobros vía comisión que aplican las AFP a los afiliados por la administración de fondos, entre otros aspectos.

Es llamativo que el Ejecutivo haya abierto una discusión previsional -además asociada a cuestiones de orden tributario- justo en la antesala de una elección, y cuando existe abundante evidencia de las pulsiones populistas -también al interior del propio oficialismo- que cunden en sede legislativa, como ha quedado a la vista con la irresponsable política del cuarto retiro. Todavía más inentendible resulta el hecho de que el propio Ejecutivo haya precipitado esta discusión, al establecer discusión inmediata, la que luego retiró tras el cúmulo de cambios que se introdujeron.

Pero más allá de esas imprevisiones, lo resuelto por la Comisión de Trabajo constituye uno de los ejemplos más ominosos de la destructiva forma en que muchos parlamentarios están entendiendo su rol. Es desde luego grave que una vez más se constaten infracciones manifiestas a la Constitución, como soslayar la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materias de seguridad social así como en aquello que suponga aumento del gasto fiscal; tampoco parece importar que se introduzcan elementos que son propios de una reforma al sistema de pensiones, que requerirían un profundo análisis por sus implicancias, pero que aquí, sin embargo, se plantean con total liviandad. No menos grave es que se esté dando la señal de que el Congreso se está atribuyendo facultades para gobernar y dictaminar el rumbo que debe tomar el país, con independencia del gobierno que fue elegido para ello. Todo lo anterior constituye un riesgoso derrotero, que debe ser enmendado por el bien de la democracia.