Grave revés judicial en atentados al Metro

Un importante revés sufrió el Ministerio Público en la causa que lleva por los atentados que sufrió la red de Metro, ocurridos en el marco del estallido social. En fallo unánime, el Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago determinó la absolución de dos imputados en la quema de la estación Pedrero -un adulto y un menor, que eran familiares-, argumentando la “grave inconsistencia” en la única evidencia que podía situar a alguien al interior del metro Pedrero, realizando la conducta descrita, referida a una “cadena de custodia que habría sido levantada sin saber por quién, desde dónde y en qué momento”.

Conforme hizo ver el tribunal, si bien no existe duda alguna sobre la intención de vandalizar dicha estación, la prueba rendida “deviene un serio problema de legalidad, coherencia y fe de lo que en ella se pretendió acreditar”, al establecerse que hay graves incoherencias en la fecha de creación de dicha cadena de custodia; los jueces también hacen ver lo “fuerte” que resultó escuchar por parte del personal de la PDI que dicha evidencia fue obtenida informalmente, o que no sería necesario dejar registro de las personas que intervienen en una cadena de custodia.

El Ministerio Público ha negado que existiera ilegalidad en la forma de obtener las pruebas, y esperará conocer el contenido de la sentencia para deducir el respectivo recurso de nulidad. Este revés resulta profundamente inquietante, pues abre legítimas dudas sobre la capacidad del sistema judicial para poder dar con los responsables y sancionarlos por tan graves hechos. Resultaría especialmente perturbador que si efectivamente existe evidencia que comprueba la participación de los inculpados en estos hechos, todo ello se desmoronara por problemas en la forma de obtener las pruebas. De allí que si esta sentencia resulta confirmada por instancias superiores, el Ministerio Público quedaría como el principal responsable de haber llevado mal un procedimiento, y producto de la impericia desperdiciar largos meses de investigación y recursos.

Cabe recordar que de acuerdo con el catastro oficial, hubo siete estaciones de Metro completamente incendiadas, 18 parcialmente quemadas y 93 con múltiples daños. Apenas 18 no sufrieron destrozos, y para volver a poner toda la red en marcha fue necesario un gasto fiscal superior a los US$ 200 millones. Estas cifras dan cuenta de la magnitud del daño causado, y la necesidad de que algo así no quede en la impunidad. Si bien el Ministerio Público ha logrado hasta la fecha algunas formalizaciones -con escasos condenados-, representan apenas una fracción de la gran cantidad de individuos que protagonizaron los destrozos.

Para el país reviste una significativa frustración que a un año de ocurridos estos hechos todavía la mayoría de sus responsables sigan prófugos y numerosas circunstancias continúen aún sin aclararse. Los persecutores han argumentado que la investigación se ha hecho muy compleja, entre otras razones por la precariedad de los antecedentes disponibles debido a lo poco sofisticados de los sistemas de seguridad con que entonces contaba el Metro. Con mayor razón la exigencia sobre la Fiscalía y las policías se ve aumentada para efectos de recabar pruebas, donde no sería admisible incurrir en fallas tan evidentes que contaminen la investigación.