Graves irregularidades en cárcel Colina II



Recientemente, se desarrolló un operativo en el módulo B del centro penitenciario de Colina II, con el objeto reubicar a los internos y aprovechar las instalaciones en el desarrollo de talleres que permitieran contribuir en labores de capacitación, tras los objetivos de atención y reinserción social de la población penal. Sin embargo, la operación reveló que en el referido módulo -que concentra a delincuentes de alta peligrosidad y a integrantes de importantes bandas del narcotráfico- no solo existían comodidades habitacionales especiales, aparatos electrónicos, electrodomésticos, sino que accesos controlados por los propios internos, plantas de marihuana y un sistema de distribución de drogas.

Lo develado constituye ciertamente un escándalo, que motivó a que el Ministerio de Justicia presentara una querella explicando que este allanamiento forma parte de un plan anticorrupción mucho más global. Es evidente que no se trata de una mera situación irregular, debido a que, además de infringir expresamente las obligaciones que define el mismo reglamento de establecimientos penitenciarios -en cuanto al control de lo que ingresa y de las autorizaciones que se requieren-, inexplicablemente se ha posibilitado la existencia de un espacio casi autónomo al interior de una cárcel, desde donde eventualmente se controlaban operaciones delictuales fuera del recinto. Lo sucedido sugiere que un recinto a cargo Gendarmería se encontraría eventualmente cooptado por el narcotráfico, lo que urge ser despejado a la brevedad y asignar las responsabilidades del caso.

Más allá de lo compleja que es la administración de un penal, no puede ser justificación de la relajación de la disciplina y las normas penitenciarias la necesidad de mantener "el control" de la población penal de mayor compromiso delictual. Por el contrario, en un contexto en que el poder y recursos del narcotráfico es conocido, como asimismo su capacidad de corromper sistemas institucionales, deben tomarse todos los resguardos y prevenciones; asimismo, una institución corresponsable en la función punitiva del Estado y colaboradora de la administración de justicia como Gendarmería, no puede dejar espacio para ninguna sombra de duda sobre su probidad, y de que situaciones como las mencionadas se repitan en este u otro penal.

Una vez más han quedado expuestas las fallas y limitaciones que presenta el Estado respecto de sus capacidades de administración, aspecto que, a pesar de haber sido largamente diagnosticado, las distintas administraciones han sido incapaces de introducir sustanciales cambios en la gestión. Es válido entonces preguntarse por el afán de seguir expandiendo la presencia estatal cuando sus debilidades siguen sin corregirse. En materia carcelaria es posible advertir graves falencias en infraestructura, salubridad y en la rehabilitación de los reclusos, problemas que aún siguen sin solución. El nuevo flanco que se abre -una posible corrupción- hace indispensable que el Estado revise integralmente su política penitenciaria.

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