Graves precedentes en nuevo retiro del 10%

Un nuevo rescate de fondos previsionales, que además abarcaría a quienes ya están pensionados por renta vitalicia, generaría efectos muy perniciosos para el país, opacando los supuestos beneficios.



La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general -y de manera transversal- los proyectos refundidos que autorizan un nuevo rescate del 10% de los fondos previsionales ahorrados en las AFP, dando también la posibilidad de rescate a quienes ya se encuentran pensionados por renta vitalicia, segmento que no formó parte de la primera ola de retiros del 10%.

La contundencia de la votación hace prever que la tramitación de este proyecto encontrará terreno fértil en la sala de la Cámara. Las razones esgrimidas por los parlamentarios para justificar este nuevo retiro descansan sobre todo en la necesidad de ir en ayuda de los segmentos medios, duramente golpeados por la pandemia, y para quienes las ayudas del gobierno han sido tardías, insuficientes o sencillamente no han llegado.

Pese a lo loable que puedan ser las intenciones de los parlamentarios, y a la necesidad que desde el Ejecutivo se elaboren ayudas mejor focalizadas para estos segmentos, de aprobarse estas reformas el daño sobre las pensiones futuras así como sobre la credibilidad de nuestro sistema institucional serían mayúsculos, y es lamentable que los legisladores pasen por alto estas consecuencias.

Desde luego una vez más se está recurriendo al expediente de una reforma constitucional transitoria para efectos de concretar estos retiros, como forma de saltarse la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en este tipo de materias -el Ejecutivo adelantó que pretende recurrir al Tribunal Constitucional-, que tal como ocurrió con el primer retiro, sería universal y libre del pago de impuestos. Se está desvaneciendo por completo el compromiso que muchos parlamentarios asumieron ante el país, en cuanto a que el retiro del 10% sería una situación excepcional.

Si se da este paso, es un hecho que nada podrá asegurar que los fondos previsionales no sigan erosionándose a futuro. Un segundo retiro dejaría a más de cuatro millones de afiliados sin saldo en sus cuentas, y mientras el primer rescate generará una disminución promedio de 13% en el monto de las futuras pensiones, un segundo rescate implicaría una caída promedio de 23%, conforme estimaciones del propio regulador.

Pero probablemente aún más delicado es permitir el rescate en el caso de las rentas vitalicias. Los legisladores justifican este paso porque estos pensionados no se pudieron beneficiar del retiro de fondos previsionales, el que se ha entendido como un “derecho” de todos los chilenos. No se está considerando que bajo esta modalidad las compañías de seguros pasan a ser propietarias de los fondos, a cambio de lo cual asumen un pasivo frente al pensionado, asegurándole una pensión de por vida, de monto constante. Autorizar un rescate implicaría por tanto expropiar el patrimonio de las compañías de seguros, y por la magnitud de los recursos comprometidos, generaría efectos sistémicos imprevisibles. La confiabilidad de nuestro sistema jurídico está aquí en juego, y ciertamente si los legisladores dan este paso se habrá marcado un antes y un después, perjudicando gravemente la imagen del país y abriendo un previsible escenario de judicialización. Es evidente que si se quiere ir en ayuda de estas familias, deben diseñarse fórmulas con cargo a fondos de la nación.

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