Guerra sucia

Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

La semana pasada se montó una operación política mediática para desacreditar al Presidente Piñera. Sin ningún antecedente nuevo a los que ya conocían los tribunales y los medios, lograron una acusación constitucional contra él y una investigación penal del Ministerio Público. No es poco. Equipo que gana repite, ahora el blanco es Sebastián Sichel y los mismos que atacaron a Piñera se vuelcan contra él.

A las acusaciones de lobbista (porque es abogado y trabaja) se agrega ahora que en su campaña a diputado el año 2009 habría recibido platas de empresas, en particular pesqueras. Su candidatura ha reaccionado diciendo que en esa época las campañas se financiaban con aportes de empresas, ello no estaba regulado y la tarea de recaudar estaba radicada en los partidos políticos, la Democracia Cristiana en este caso; ello, considerando que un candidato de 30 años no tenía redes para hacer esa tarea. Emplazan al entonces presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, a que diga de quién recibieron plata y con qué criterio la repartió entre los candidatos DC.

Los medios acosan a Sichel con el tema, Yasna Provoste se suma a los inquisidores con especial encono, y los periodistas inquisidores no son capaces de preguntarle a ella qué pasó con 600 millones de dólares malversados cuando fue ministra de Educación, lo que le costó el cargo. Tienen el mismo problema para apreciar magnitudes de dinero que el candidato Boric: pueden inmolarse por un par de millones de pesos (una fracción de lo que Boric y Provoste se embolsan cada mes sin hacer el trabajo de parlamentarios) y hacer vista gorda cuando son 600 millones de dólares.

¿Cree usted que quienes atacan de esta manera a Piñera y Sichel (ya empiezan con Kast) emplean malas artes con sus adversarios? No se extrañe. De un tiempo a esta parte, sin pudor alguno, la izquierda decidió que no era tolerable que la centroderecha gobierne Chile y harían cualquier cosa para evitarlo. El 18 de octubre del 2019 fueron capaces de incendiar o destruir cuarenta estaciones del Metro y luego destruir propiedades públicas y privadas; al día siguiente, el presidente del Partido Comunista pidió la renuncia de Piñera; el 12 de noviembre los partidos de oposición dieron por muerta la Constitución y declararon que “la calle” era el nuevo poder constituyente (algunos todavía lo creen). Luego de que el 15 de noviembre el gobierno entregó también la Constitución, no pasó una semana y acusaron a Piñera con el fin de destituirlo. Un par de votos lo salvaron. Lo acusan también de delitos de lesa humanidad (el INDH declaró hace poco que hasta ahora son siete las violaciones graves a los DD.HH. después del 19 de octubre).

Han convertido a los candidatos presidenciales en luchadores de barro y los activistas que colaboran con estas operaciones no sienten vergüenza por ello.