Herederos

El atributo más primario de la libertad individual consiste en la capacidad del ser humano de hacerse dueño de aquello que produce con su trabajo y, a su vez, que ese dominio comprenda la facultad de disponer de sus bienes en favor de su familia, esto es, de sus herederos. En su famosa obra sobre el imperio romano, Gibbon recuerda que después de las leyes de Justiniano, los hijos ya no podían ser desheredados sin ser oídos y que "la justicia del emperador enumeraba las únicas causas que podían justificar tal violación de los primeros principios de la naturaleza y sociedad".

Sin embargo, un grupo de diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista acaba de presentar un proyecto de ley cuyo objetivo es violar el principio que nos faculta a disponer de aquello que hemos adquirido en el transcurso de la vida. Asumo que los autores de esta felonía a nuestra naturaleza dirán prestamente que la restricción afecta solo a aquella parte del patrimonio que excede de cuatro mil millones de pesos; que nadie gana una cantidad así trabajando, sino que son rentas del capital; y, por último, que el monto heredable es suficiente para que cualquier familia, por numerosa que sea, viva muy bien.

Pero nada de eso justifica el acto de barbarie legislativa que se propone. Desde luego, en lo personal, estoy a una distancia astronómica de que una norma así me afecte, pero el punto es otro: ¿por qué la restricción se impone a contar de los cuatro mil y no de los cuatrocientos millones o de los cuarenta? La respuesta es simple, porque seis diputados consideran que sobre ese monto la riqueza heredada produce una distorsión injusta e intolerable de las oportunidades.

En consecuencia, en el proyecto de ley hay dos arbitrariedades evidentes: la primera, es creerse con la facultad de disponer de una parte del patrimonio de ciertas personas, no porque se haya adquirido de manera irregular, sino por una suerte de ideal de justicia en el orden social; pero hay una segunda arbitrariedad que nos afecta a todos, y es que esos mismos diputados creen que ellos o el Congreso en su conjunto, da igual, tienen la facultad de establecer el límite del patrimonio personal. Y si pueden fijar eso, por qué no podrían establecer también, bajo el mismo criterio suyo de lo que es "bueno", qué pueden enseñar los padres a sus hijos, en qué podemos trabajar, el tamaño y cualidades de nuestras viviendas. En fin, dónde está el límite a sus pretensiones de modelar el orden social. La respuesta es que ese límite está entregado a su mero arbitrio.

Poco se ha demorado la izquierda más extrema en hacer colisionar sus ideologías y su pretensión de superioridad moral con las libertades más básicas de un estado democrático de derecho.