Honrar las obligaciones en Derechos Humanos

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Foto: Andrés Pérez


La celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, ocasión en la que se recuerda la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encuentra a Chile sumido en su más grave crisis en esta materia desde 1973.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, las mismas que por años, consistente y reiteradamente, han denunciado graves violaciones en el caso de Venezuela, coinciden en la ocurrencia de ellas en el caso de Chile desde el estallido en octubre.

La Comisión Interamericana de DD.HH. ha emitido una declaración en ese mismo sentido y, podemos presumir, así lo hará también la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Esta práctica unanimidad del sistema internacional debe ser tomada en forma extremadamente seria tanto por las autoridades del Estado como por todos los componentes de la sociedad. El exacto grado, extensión y circunstancias de esas violaciones por parte del Estado, y en especial de Carabineros de Chile, y sus consecuencias jurídicas, tanto penales, civiles, administrativas y de derecho internacional, así como las políticas, nos acompañarán por años.

La crisis actual es también un momento de prueba para las mismas instituciones del Estado, en especial para aquellas que deben investigar y fiscalizar el uso de la fuerza por aquel, como lo son el Ministerio Público, los tribunales y las instituciones autónomas estatales de DD.HH., como el INDH. Qué tan bien (o no) desempeñen su labor es y será la real prueba de si en Chile existe o no Estado de Derecho, pues el núcleo esencial de este concepto es la limitación del poder coercitivo del Estado y su sometimiento al imperio del derecho a fin de proteger los derechos de los ciudadanos.

Y quien crea que la aparente disminución de la movilización implica una especie de "dar vuelta de la hoja" en esta materia demuestra que no ha aprendido nada sobre la triste y larga historia de las violaciones bajo dictadura, que, tras 46 años, seguimos aún por dilucidar, sancionar y reparar.

Son justamente las obligaciones de conocer la verdad, investigar, sancionar, reparar y establecer efectivas garantías de no repetición, impuestas por el sistema internacional de los derechos humanos a las que Chile se ha obligado, las que ineludiblemente constituyen las consecuencias de los hechos acaecidos desde octubre. La tarea a la que nos enfrentamos, de aquí en adelante, como sociedad y Estado es la de honrar efectivamente esas obligaciones.

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