Paula Medina G.

Paula Medina G.

Docente e Investigadora de la Facultad de Derecho, Universidad Central de Chile.

Opinión

Igualdad de género y Derecho Penal

Varias ONG estiman que unas cien mujeres mueren por año, de un total de unas 500.000 que se realizan abortos clandestinos. Reuters

El género, como categoría de análisis social, resulta un aporte trascendental para comprender las problemáticas sociales, en particular, la violencia en las relaciones de pareja, tanto dentro como fuera de la familia. Sin embargo, en su aplicación al derecho y a la justicia penal enfrenta serias complejidades.

La(s) violencia(s) en las relaciones de pareja (particularmente contra la mujer) han encontrado en la perspectiva de género una explicación casi universal y unívoca. Sin embargo, a esta altura parece necesario complejizar las explicaciones y no quedarnos solo con que a las mujeres se las golpea por el solo hecho de ser mujeres. No es posible pensar que la única causa de la violencia en la pareja sean las tradicionales relaciones de poder y subordinación, sobre todo en un escenario social cambiante. Es preciso afinar la mirada, sumar otras variables tan relevantes como el género y entender que la violencia posee causas múltiples y que debe incorporar la clase, edad, etnia, identidades y orientaciones sexuales diversas, entre otros aspectos. Los lamentables casos de femicidios que ocurren en nuestro país, no ocurren mayoritariamente en parejas de clase alta. Es necesario entender esta conflictividad para saber cómo intervenir en ella, fundamentalmente desde lo social, y de ser necesario, definir o redefinir cuál es la mejor política criminal para enfrentarla.

Destacados investigadores han estudiado las relaciones de pareja en el Chile actual, entre ellos, Araujo y Martuccelli (2012). Estos autores constatan que en la sociedad chilena existe un fuerte mandato social para hombres y mujeres a tener pareja, sin embargo, este mandato se percibe con sospecha y desaliento, como un arduo trabajo, ya que hoy se juega allí una compleja red de expectativas disímiles, que entran en competencia y tensión, y que dan cuenta de un cambio en las subjetividades individuales a partir de las transformaciones en la cultura y la sociedad.

Los autores señalan la presencia de tres ideales: el ideal de la protección: hombres y mujeres, más allá de nuestros deseos de igualdad, siguen buscando en la pareja una especie de “soporte existencial” material y afectivo, que acepta un vínculo protector disimétrico, y que sin ser una relación de poder y subordinación en clave feminista, sí admite cierta asimetría en la búsqueda de seguridad y estabilidad. Junto a este, aparece el ideal de la fusión: el amor romántico que opone la pasión al juicio racional y que está dispuesto a fundirse por completo, aun cuando corra riesgo nuestra seguridad. Es el ideal que se enfrenta a la decepción de las rutinas, complicaciones y demandas laborales y parentales (entre otras) de la vida cotidiana. Finalmente, el ideal de la independencia: que es la aceptación del otro tal cual es, la renuncia a no querer modificarlo y la comprensión de que en una pareja los dos tienen derecho a soñar. Los tres ideales: la pareja como protector (asimétrico), la pasión y comunión permanente (fusional), y la igualdad y libertad recíprocas (igualitario), conviven en tensión y conforman sin duda un terreno conflictual, de difícil resolución y gestión entre los miembros de la pareja, y en el cual –sin ser deseables ni justificables- se producen hechos de violencia de diversa gravedad. 

En medio de un proceso de profundas transformaciones, en que los tradicionales estereotipos de género son cada vez más cuestionados, parece ser que los conflictos ya no surgen solo por la existencia de posiciones de poder y sumisión entre el hombre y la mujer, sino que emergen a propósito de nuevas distribuciones en las relaciones de poder, en un escenario que aparece confuso, contradictorio y aún desconocido.

¿Cómo podría el sistema penal hacerse cargo de la complejidad que hemos descrito? Un sistema formalista, poco flexible, acotado temporalmente, y a veces colapsado, enfrenta serios problemas para transformarse en una solución eficiente. El derecho penal es la estrategia más poderosa que tiene el Estado, cuando acudimos al derecho penal como forma de respuesta a un problema, es porque hemos agotado todas las otras respuestas posibles. Después, solo nos queda extenderlo o agravarlo. ¿Hemos agotado en nuestra sociedad todas las alternativas para disminuir los hechos de violencia en la pareja y en la familia? Pareciera que no, que en vez de recorrer el camino de las posibles soluciones, hemos tomado un atajo hacia el derecho penal.

El derecho penal no tiene como función proveer soluciones para las víctimas, al menos no en su individualidad. Puede proteger eventualmente de nuevos hechos de violencia, pero proteger no es solucionar el conflicto. La protección es una medida de urgencia, que tiene claros límites temporales y que solo permite al derecho penal actuar.

Sin duda, y allí pareciera estar la justificación, el lenguaje del derecho ha cumplido una importante función política, al haber otorgado una plataforma y fuerza particular a las reivindicaciones de los movimientos de mujeres. Pero el agravamiento de las consecuencias penales en casos de violencia en la pareja, la creación de nuevos tipos penales exigiendo protección, no hace, al menos no por sí solo, que tengamos menos violencia. La justificación de la intervención penal como elemento disuasivo carece de fundamento. Las mujeres sabemos por experiencia que la penalización del aborto no limitó su práctica, sino que trajo como consecuencia miles de abortos clandestinos. La evolución de las tasas de femicidio no demuestra la efectividad de la Ley N° 20.480.

Por otra parte, el sistema penal es por definición un instrumento de control social discriminatorio. Si las reivindicaciones de género y del feminismo son fundamentalmente reivindicaciones antidiscriminatorias, cuesta entender que se valgan con tanto ahínco de esta herramienta. Se argumenta que en algunos casos puede tener efectos simbólicos o preventivos, pero eso no autoriza a utilizarlo en todos los casos. Además, no solo es simbólico, porque recae sobre personas en concreto, y como tal no parece legítimo utilizar al ser humano como medio para lograr efectos simbólicos. Además, en un contexto en que el poder político atraviesa una crisis de legitimidad, obtiene de estos discursos antidiscriminatorios una justificación fácil para ofrecer su poder punitivo como la principal “solución”, se limita a reconocerlos e incorporarlos en lo penal, y neutraliza con ello su potencial transformador. Actúa sobre algunas víctimas puntuales, mientras el problema social sigue a la espera.

La transformación que busca el feminismo se juega fundamentalmente en el campo de lo social y no de lo penal. La justicia penal solo reproduce las desigualdades e inequidades presentes en una sociedad, no las transforma. El Derecho Penal mantiene y cautela el orden social establecido. Si ese orden social está marcado por discriminaciones de clase, género, etnia, edad, etc., tales discriminaciones se verán inevitablemente reflejadas en la actuación de la justicia, incluso más allá de las intenciones de sus operadores o, a veces, también con su omisión o su consentimiento.

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