Incentivar sí, obligar no

Por Diana Aurenque, directora Departamento de Filosofía Universidad de Santiago de Chile

La pregunta no es simple. Por un lado, tenemos evidencia científica de que las vacunas reducen significativamente el número de casos graves que requieren cuidados críticos. En ese sentido, parece sensato introducir un mandato así en función de velar por la salud pública. Pero, por otro lado, que un Estado obligue a la ciudadanía a vacunarse es una medida paternalista que limita la libertad individual. Con ello, se vulnera la posibilidad de decidir y asumir responsabilidad por las decisiones que se tomen respecto de la salud -algo que en sociedades modernas corresponde al ámbito de lo privado.

Ahora bien, es importante tener claro que la decisión de introducir tal mandato no es científica ni médica, sino en primer lugar política -tal como indica el médico y filósofo alemán, Urban Wiesing. Pues, si bien la medicina y las ciencias pueden (y es deseable) proporcionar argumentos y fundamentos racionales para las decisiones de quienes gobiernan, son estos últimos los que tienen la responsabilidad. No la medicina ni la ciencia.

Si esto es correcto, para una decisión política como lo es decretar una obligatoriedad en la vacunación, no basta solo contar con la evidencia científica de sus beneficios. El mandato requiere además una visión de la ciudadanía y del rol mismo del Estado, a saber, considerar a los primeros como incompetentes para decidir por sí mismos y al segundo, como padre que debe guiarlos. ¿Se justifica este paternalismo en nuestro país?

En Chile, más del 78% de la población objetivo ha completado su esquema de vacunación. La cifra es alta e indica que mayoritariamente las personas comprenden los beneficios que tiene la medida. Adicionalmente, muchas personas desean vacunarse, pero tienen dificultes para acceder ellas -sea por los horarios de los vacunatorios, la falta de dosis, etc. Por lo tanto, no hay necesidad de restringir (más) las libertades individuales. La medida se justificaría, si tuviéramos datos de que la mayoría de la ciudadanía no conoce o no entiende los beneficios de inmunizarse. Este no es el caso.

Además del problema de limitar la capacidad de decisión de las personas, el paternalismo tiene otro problema. Le otorga demasiado control al Estado sobre decisiones que ciertamente tienen impacto en lo público, pero corresponden a materias que tocan directamente lo privado: la forma en la que cada cual decide sobre su vida.

Con todo, es indudable que en una pandemia le corresponde al Estado poner la salud pública en un lugar preponderante, y eso implica enfatizar el bien común. Pero ello no debe ocurrir a costa del individuo. Más que una obligación que paternalice injustificadamente a las personas, parece más apropiado generar incentivos, es decir, concebir mecanismos que de modo indirecto motiven a las personas a vacunarse. Se trataría de una forma de paternalismo libertario en salud pública.

Este último tendría entonces que establecer políticas públicas sanitarias que, apoyadas en la evidencia científico-médica, no vulnere la libertad de elegir de la ciudadanía, y así, evitar que el Estado se inmiscuya en decisiones individuales. Esto ya se está haciendo: por ej. exigir el pase de movilidad para viajes interregionales o al ingreso a cines y restaurantes. La medida da con un balance adecuado entre el resguardo de valores privados e individuales (decidir por sí mismo y libre de intromisión estatal), por un lado, y con valores públicos y colectivos (resguardar la salud de la población) por el otro. Se cuida al individuo y sus libertades, a la vez que se fomenta el bien colectivo.