Incierta elección de gobernadores regionales

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La sala de la Cámara de Diputados en Valparaíso.


El Presidente de la República, en su reciente cuenta ante el Congreso pleno, convocó a una mesa de trabajo -"de unidad y pluralista"- con el objeto de perfeccionar el proceso de descentralización, el cual se encuentra en marcha tras la aprobación de la ley sobre fortalecimiento de la regionalización, que entre otros aspectos regula las facultades de los futuros gobernadores regionales, quienes serán elegidos por sufragio universal. Con esta decisión el Mandatario hace explícitas las dificultades del nuevo diseño regional -se le reprocha, entre otras materias, que las nuevas autoridades carecerán de mayores atribuciones-, arriesgando convertirse en una completa decepción, ante las expectativas que se han creado en la ciudadanía.

Dos partidos de Chile Vamos -la UDI y Evopoli- le han solicitado al Presidente la postergación de las elecciones de gobernadores, previstas para octubre del próximo año, a la espera de que se mejore este diseño institucional. Bancadas regionalistas así como organizaciones de la sociedad civil que promueven la descentralización rechazan tajantemente cualquier posibilidad de postergación, y apuestan por la dictación de una "ley corta" que permita subsanar las principales falencias. Frente a las evidentes debilidades que presenta este proceso, el aplazamiento de los comicios no debería ser descartado. El interés del país debe apuntar a dotarse de legislaciones coherentes y que den respuesta apropiada a las demandas de la población, y no limitarse a meros actos simbólicos, como ocurría en caso de que se implemente esta nueva estructura de gobierno regional que claramente no parece estar lista para debutar.

No puede estar en duda las ventajas de llevar adelante un auténtico proceso de descentralización, donde las regiones tengan mayor autonomía respecto del poder central para resolver por sí mismas aquellas materias que las afectan más directamente. Pero cuando aún persisten vacíos de magnitud no parece que ello pueda repararse sobre la marcha con "leyes cortas" o simples actos administrativos. Siendo en todo caso válido que el gobierno convoque a una mesa de trabajo, la responsabilidad última por la conducción del país sigue estando en el Ejecutivo, y su misión es asegurar buenas políticas públicas, tarea de la que tampoco se puede eximir el Congreso.

En ese orden de cosas, sigue siendo confuso el porqué junto al nuevo gobernador -que reemplaza al actual intendente- se creó al figura del "delegado presidencial", que en los hechos concentrará las principales labores ejecutivas de la región -por de pronto estará cargo del orden público-, dejando a la nueva autoridad con roles fundamentalmente ligados a la planificación. Al momento de votar previsiblemente los electores tendrán en mente un diseño muy diferente, lo que anticipa una frustración. Las 15 competencias que el Ejecutivo traspasará a las nuevas autoridades -para lo cual ya se dictaron los respectivos decretos- no hacen más que confirmar lo débil de las futuras potestades. Si además no hay claridad que el actual marco presupuestario asegure que estas futuras estructuras podrán cumplir con los objetivos establecidos en la ley, debe discutirse en profundidad una ley de rentas regionales.

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