Inconveniente propuesta reactivadora

pensiones

Permitir que las personas retiren parte de su ahorro previsional para enfrentar la crisis, tal como lo ha propuesto una AFP, traería graves repercusiones en las futuras pensiones.



El sistema de pensiones chileno ha logrado sortear el débil estado en el que se encuentra la mayoría de los sistemas de reparto en el mundo. Sin embargo, uno de los principales problemas que deriva al momento de la pensión es el bajo nivel de cotización promedio de los aportantes -que alcanza al 10% de la renta imponible con tope de UF 80,2- y las lagunas que experimentan durante el transcurso de la vida laboral.

En contraste con sus pares de la OCDE, el aporte promedio que realizan los trabajadores locales es relativamente bajo, ya que en las economías de referencia la cotización llega al 18%. Es decir, el problema de las bajas pensiones chilenas se resolvería aumentando los aportes que realizan los trabajadores a sus fondos de capitalización individual.

En este contexto, llama la atención la propuesta que una de las administradoras de fondos de pensiones realizara esta semana como respuesta a la crisis económica que puede gatillarse a raíz de la pandemia del coronavirus. En una comunicación dirigida a sus afiliados sugirió autorizar el retiro de hasta el 5% de los fondos “a todos los afiliados del sistema previsional (cotizantes, no cotizantes y pensionados) para paliar los efectos de esta grave crisis”. Agregó que “el desafío que enfrentamos en Chile por el Covid-19 requiere acciones extraordinarias”.

Las AFP tienen el mandato legal de velar para que los fondos ahorrados por todos los chilenos alcancen la mayor rentabilidad posible y sean destinados para su propósito único. Es lícito asimismo que aporten todas las ideas que estimen convenientes para mejorar el estándar de jubilación de los chilenos, toda vez que su experiencia les entrega herramientas para detectar posibles falencias del sistema o crear mejores mecanismos para evitar la subcotización. Pero es conveniente que eviten entrar en definiciones que están fuera de su ámbito.

Como principio rector, es imperioso alejarse de propuestas cuya base descansa en desmantelar un sistema para -supuestamente- reforzar otro. Es fácil advertir que si se optara por este camino, ello sería a costa de afectar el monto de las futuras pensiones, lo que traería graves consecuencias sociales. Constituiría, además, un precedente muy negativo, pues de materializarse pudiera usarse como argumento para responder más adelante a otros momentos disruptivos en la vida de un afiliado que poco tienen que ver con su jubilación. Es justamente lo que ocurre en otros países, donde autoridades ven en los fondos de pensiones un botín de corto plazo al que echar mano en momentos de crisis con la promesa que en el futuro se repondrá lo sustraído, compromiso que rara vez se honra.

El Ministerio de Hacienda y el Banco Central han creado poderosos instrumentos fiscales y monetarios que permiten garantizar la liquidez a empresas y familias, posponer el pago de algunos impuestos, acceder al fondo de cesantía de manera extraordinaria -resguardando su propósito- y entregarle un bono de contingencia a las familias de menos recursos, además de una rebaja agresiva a niveles históricos de la tasa de política monetaria, todas medidas que van por la línea correcta de las soluciones que el país demanda.

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