Indulto o impunidad



Por Álvaro Ortúzar, abogado

Un grupo de parlamentarios ha presentado un proyecto de ley para indultar a quienes participaron en hechos de violencia a partir del llamado “estallido social” del 18 de octubre de 2019. Se trata de los sujetos que cometieron actos vandálicos de alta gravedad, destrucción de bienes públicos y privados, agresión con bombas incendiarias a carabineros, quema de estaciones del Metro y otros actos de esa magnitud. La autoridad policial logró detener a algunos y están sometidos a proceso y privados, por ahora, de su libertad. El proyecto concede la gracia y misericordia estatal de perdonar la conducta delictiva y su pena, lo cual, en realidad, es una amnistía y no un indulto. A su turno, el fundamento de la iniciativa se refiere a la motivación de los autores que, sea por su frustración, ira o desprecio por las reglas injustas de la sociedad, han actuado en el marco de protestas o movilizaciones auto denominándose como la “primera línea”. En otras palabras, se indica que las personas sometidas a proceso son perseguidas por su pensamiento político o por su ideología, por lo que corresponden a la terminología de presos políticos.

Esta muestra de irresponsabilidad parlamentaria es extremadamente grave. Se intenta eximir de responsabilidad y penas a delincuentes comunes -bajo el pretexto del estallido social-, con total desprecio de quienes han sido víctimas inocentes de sus acciones, a los que se ha herido, privado de sus medios de subsistencia o se han afectado sus derechos constitucionales a la integridad física y psíquica, su derecho de propiedad, su derecho al trabajo, entre otros.

Nadie deja de percibir que tras este proyecto está la mano del PC, que alienta la insurgencia, la rebelión y la movilización en aras de una lucha callejera destructiva, que presione cambios profundos al sistema vigente.

Por desgracia, a ello contribuyen otros factores. La debilidad del gobierno para contener y reprimir la violencia y la ocupación diaria de calles con la consiguiente destrucción. Lo peor, y ya habría que empezar a decirlo, sería que la propia ciudadanía se organizara para defenderse y reprimir los asaltos. En ese caso, por cierto, no habría indulto ni amnistía para ella. Los parlamentarios que pretenden la impunidad ante la violencia de un sector, reniegan irresponsablemente del respeto a la Constitución y las leyes, y no promueven la paz y el desarrollo. Esto es caldo de cultivo para mayor violencia.

El camino equivocado de los parlamentarios que promueven la impunidad nos retrocede 50 años, es peligroso, porque pone en riesgo todo lo avanzado en materia de progreso social y desarrollo, afecta a la clase media que ha dejado de ser pobre, crea una incertidumbre relevante para la inversión y el empleo, y termina por dar gusto a los movimientos anárquicos que, siendo ultra minoritarios, se nutren de la insatisfacción de personas que se sienten marginadas.

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