Inédita alteración del proceso PSU

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Los llamados a boicot por parte de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), la filtración de parte de la prueba de Historia -que obligó al Consejo de Rectores a dictaminar su suspensión- y las escenas de violencia en varios establecimientos marcarán el proceso 2020 como el más controversial desde que se estableció la Prueba de Selección Universitaria (PSU), alteraciones que inevitablemente dañará a parte del estudiantado -que no encontró las garantías para rendir su examen con tranquilidad- así como la confianza hacia el sistema de selección.

Inéditamente, decenas de miles de alumnos se vieron impedidos de poder rendir la PSU a raíz de las protestas convocadas por los estudiantes, los que deberán volver a intentarlo en fecha próxima. Las escenas han sido fuertes: grupos de jóvenes amedrentando a quienes se aprestaban a rendir el examen, o bien entrando a las salas para arrebatar facsímiles y luego proceder a destruirlos o quemarlos. Las medidas destinadas a brindar seguridad para impedir que esto sucediera -desde hace días que públicamente se había amenazado con el boicot- fueron ineficaces, lo que vuelve a abrir la interrogante de hasta qué punto el Estado será capaz de asegurar que los varios procesos electorales que habrán de enfrentarse este año no sean frustrados o gravemente alterados producto del vandalismo o el amedrentamiento. Si un grupo de estudiantes radicalizados puede poner en jaque el proceso de selección universitaria, quiere decir que nada está realmente garantizado, por lo que otra vez el rol del Ministerio del Interior como garante de la seguridad pública queda en entredicho.

La filtración de parte de las preguntas y respuestas de la prueba de Historia es un hecho grave -había del orden de 200 mil inscritos para rendirla-, que enloda el proceso y compromete la seguridad del sistema, más allá de que éste cuente con pruebas alternativas para enfrentar contingencias. El Demre y el Consejo de Rectores, como responsables del proceso, deben una explicación mucho más satisfactoria al país, siendo crítico despejar en qué circunstancias se produjo una filtración de tal envergadura así como sus responsables. Atendida la crisis de confianza en las instituciones chilenas, sería devastador que además se sumara que la Universidad de Chile -a través del Demre- ya no es capaz de asegurar la confiabilidad de un proceso fundamental para la educación superior.

Es manifiesta la irresponsabilidad de los grupos de estudiantes que hicieron el llamado a hacer naufragar el proceso, justificándose en las desigualdades del sistema educacional. La actitud intransigente y de indiferencia frente a las consecuencias de convocar a este tipo de actos, así como la escasa solidaridad con sus propios compañeros, revela una ausencia de cultura democrática y una validación de prácticas violentas que deslegitiman a sus promotores y hacen muy difícil un diálogo cívico.

Un aspecto que no debería ser desatendido es que la mayoría de los jóvenes inscritos concurrió a rendir la prueba, y no se hizo eco del boicot. Queda de manifiesto que los intentos por trabar la normalidad del país es acción de grupos pequeños, aunque con una potente capacidad de movilización, lo que hace más inexplicable que el Estado aparezca impotente para controlar el orden público.

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