Inexplicable retraso en reforma al sistema notarial

La transformación digital que ha profundizado la crisis sanitaria ha provocado cambios estructurales en muchos sectores. Sin embargo, el sistema notarial, clave para el ordenamiento jurídico -y con efectos visibles en la productividad- se resiste a evolucionar.

En el Chile del siglo XXI una gran cantidad de contratos, procesos de compraventas, autorizaciones -entre otros múltiples trámites, que en total suman unos 200, lo que de paso lleva también a preguntarse si todos ellos se justifican a estas alturas- deben hacerse presencialmente ante una notaría. Este solo hecho, que por sí solo refleja el retraso en materia de adopción tecnológica del sistema notarial, empeora al constatar que buena parte del proceso es realizado completamente en base a papeles físicos y con horarios de atención tan acotados que lo frecuente es encontrar notarías saturadas de gente esperando un turno. Situación que por cierto es inaceptable en un contexto de pandemia.

Un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que data de 2018, concluyó que el sistema notarial chileno “si bien ha cumplido un rol relevante en otorgar seguridad jurídica en el país, se encuentra desactualizado, su costo es alto, y es poco eficiente”. Entre otros hallazgos, la FNE determinó que del total de trámites que realizan las notarías, 17 de ellos concentran el 90% de la demanda total. Se advierte el amplio margen que existe ya sea para eliminar algunos de dichos trámites o permitir que éstos se puedan realizar vía remota o en instancias distintas a una notaría.

Pese a que la necesidad de reformar el actual sistema notarial ha sido largamente diagnosticada, distintas razones lo han entrabado, con todo el costo que ello conlleva para la ciudadanía y también para las empresas, donde cualquier trámite se hace engorroso producto de este sistema retrógrado, creando una burocracia innecesaria. El gobierno presentó en 2018 una reforma para modificar sustancialmente el sistema registral, que entre otros aspectos reduce los trámites notariales y crea la figura de los “fedatarios”, un nuevo tipo de ministro de fe. El proyecto fue aprobado a comienzos de este año en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero no ha encontrado mayor avance en el Senado.

Una reciente controversia entre notarías, donde una de ellas fue denunciada por utilizar sistemas de reconocimiento facial, volvió a reactivar el debate sobre la complejidad para introducir nuevas tecnologías en este sistema. El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la notaría cuestionada abstenerse de utilizar su sistema computacional, e instruyó a todos los notarios de la jurisdicción “abstenerse de utilizar cualquier sistema computacional implementado en sus oficios para autorizar instrumentos privados de cualquier naturaleza”, lo que en los hechos fue interpretado como un “apagón tecnológico”. La Corte tuvo que salir a precisar el alcance de su resolución, que tiene un carácter temporal y referida solo al sistema de reconocimiento de identidad de usuarios en forma remota, sin afectar lo relativo al uso de firma electrónica avanzada, mecanismo que en todo caso aún no ha logrado masificarse en el sistema notarial.

Frente a esta discusión es importante distinguir entre la necesidad de digitalizar todo el proceso que recae en las notarías y el tipo de autenticación que requiere cada trámite en particular. Avanzar hacia un proceso íntegramente digital -y salir de la lógica del papel que tiene nuestro sistema notarial y registral vigente- es un mínimo básico indiscutible que nadie debiera estar en condiciones de rebatir. Una discusión distinta tiene que ver con el tipo de autenticación y su carácter remoto o presencial. Es evidente que habrá algunos trámites que debieran ser presenciales -por ejemplo, autorización de un menor a salir del país o trámites de herencia-, mientras que para la gran mayoría bastará autenticación remota, tal como actualmente, a través de la clave única, se efectúan múltiples diligencias ante el Estado.

Tanto el sistema de designaciones de notarios -donde ha prevalecido una fuerte discrecionalidad de la autoridad- así como la necesidad de reducir los trámites notariales son reformas que no pueden seguir esperando. Algunas voces han hecho ver que el fuerte lobby del gremio de las notarías ha impedido avanzar; al respecto, es ilustrativo que un ministro de la Corte Suprema haya reconocido en este medio la escasa viabilidad de que prospere una reforma, debido a lazos de parentesco o por influencias políticas. Ha llegado el momento de que el Congreso desmienta estas aprensiones y se apruebe la reforma propuesta, la que si bien no elimina del todo la gran cantidad de trámites notariales, los facilita y promueve mayor competencia, lo que debe ser complementado con la masificación de las nuevas tecnologías.