Informes más, informes menos…

No cabe duda de que se han violado los DD.HH. en la reciente crisis de orden público. Sin embargo, ¿es el Estado internacionalmente responsable por esas violaciones? ¿Ayudan a saberlo los informes de ONGs y organismos internacionales?

Para responder lo primero, no basta analizar el actuar de Carabineros, pues los abusos de agentes estatales no conllevan necesariamente la responsabilidad internacional. Por ejemplo, se violaron seriamente los DD.HH. en el caso de los siete policías que golpearon a un joven en Puente Alto sin la intención de detenerlo o impedir un actuar ilegal. Sin embargo, ¿es el Estado responsable internacionalmente por esta golpiza? No, pues se expulsó a estos carabineros de la institución, y actualmente se siguen procesos administrativos y judiciales en su contra. Es decir, para solucionar este abuso, el Estado hizo todo lo posible (y aparentemente también lo imposible, expulsando a los carabineros sin un debido proceso). Este celo estatal no es algo aislado, pues la Fiscalía Nacional está conociendo más de cinco mil denuncias por supuestas violaciones a los DD.HH. Nuestros tribunales independientes tienen ahora la palabra final.

Más difícil es saber si el Estado es responsable internacionalmente por las violaciones cometidas por privados (es inconducente discutir si llamarlas violaciones, abusos u otra cosa). En efecto, el Estado tiene la obligación internacional de garantizar los DD.HH. de los habitantes del país, incluso cuando son privados quienes cometen las violaciones. Para esto, debe (no solo "puede") usar la fuerza. ¿Ha hecho el Estado lo necesario para evitar que privados violen la integridad física, la libertad de movimiento, la propiedad y otros DD.HH.? Esta pregunta es aún más relevante cuando los afectados son carabineros, pues la obligación estatal de garantizar sus derechos debe ser más exigente, ya que es el Estado mismo el que les ordena estar en situaciones peligrosas para su vida e integridad. Así, si el Estado no provee a estos agentes de equipo de protección, o les impide usar los medios de fuerza de que disponen, ellos podrían demandar al Estado por no protegerlos.

¿Han servido los informes de ONGs y OGs para saber si el Estado es responsable internacionalmente? No, porque fueron adoptados antes de permitir que el Estado reaccionara judicialmente a los excesos de sus agentes. ¿Servirán para algo más? No mucho. Ellos no reemplazan la labor de tribunales, pues declaran "hechos" basados principalmente en testimonios de una sola parte. Tampoco servirán como medio probatorio, pues la prueba que usan debe ser reiterada ante tribunales, y no nos dicen nada nuevo al resaltar el alto número de denuncias, que era conocido y esperable ante la masividad de las manifestaciones y la violencia. Estos informes son útiles en estados sin tribunales independientes, o donde no hay órganos como el INDH ni ONGs especializadas. Sin embargo, esta no es la situación de Chile.

Por último, estos informes recomiendan medios para evitar excesos en protestas ordinarias, olvidando que los abusos en Chile no son resultado de reprimir tales manifestaciones, pues hace tiempo que se conocen los criterios de actuación frente a la protesta.

Los excesos actuales ocurren en un intento de frenar una explosión de violencia que -quizá- nunca se había visto en Chile fuera de contextos de conflicto armado explícito. Necesitamos ayuda para saber cómo restaurar el orden público, respetando y haciendo respetar los DD.HH. Sin embargo, en esa materia, los informes nos dejan librados a nuestra suerte.