Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo
El viernes 18 de octubre pasado, Santiago se vio atacada por violentistas que destruyeron estaciones del Metro y supermercados en varios puntos de la ciudad. Los días siguientes, los ataques se repitieron. El Metro sufrió daños por más de 200 millones de dólares en 77 estaciones. Las principales cadenas de supermercados informaron la destrucción de más de 100 establecimientos que debieron cerrar sus puertas. El gobierno decretó estado de emergencia para enfrentar esta ola insurgente que pretendía dañar e interrumpir el transporte y el suministro de alimentos en la ciudad.
Al examinar legislación comparada se puede comprobar que varios países, Gran Bretaña y España entre ellos, contemplan el resguardo por parte de las fuerzas armadas de infraestructura definida como crítica. Ello permite proteger a una ciudad o país de ataques que ponen en jaque su seguridad, sin tener que recurrir a estado de excepción constitucionales que restringen libertades de todos los ciudadanos. El gobierno elaboró un proyecto de ley para permitir que las Fuerzas Armadas, bajo condiciones reguladas, pudieran ser requeridas por las autoridades políticas para cumplir este rol de resguardo de infraestructura crítica. Los senadores Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena presentaron a su vez una moción parlamentaria para conseguir el mismo objetivo. Como fuera esta última la que motivó mayor consenso, el gobierno consintió en que fuera el trámite legislativo de la moción el que avanzara.
El Senado aprobó este proyecto, por 28 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención, introduciendo modificaciones que precisaban las circunstancias en que podían ejercerse estas funciones. Cuando falta poco más de un mes para que se cumpla un año desde los sucesos que motivaron esta iniciativa, la Cámara de Diputados ha rechazado el proyecto, al no reunir el quorum necesario.
Falsamente se ha dicho por quienes lo rechazaron que el proyecto no precisaba lo que era infraestructura crítica; ésta incluye instalaciones que atiendan servicios de utilidad pública, cuya perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre la población, entre ellos: a) infraestructura energética, de redes y sistemas de telecomunicaciones, b) infraestructura de servicios sanitarios, c) hospitales, d) centros de abastecimiento, e) puertos, f) aeropuertos y g) infraestructura de transporte. Por medio de la ley se tendría que determinar los órganos y servicios que quedarían comprendidos en esta categoría.
El proyecto deberá ir ahora a Comisión Mixta. No hay excusas para seguir dilatando su aprobación. Las Fuerzas Armadas no están para la represión de manifestaciones, pero sí para evitar ataques terroristas a aeropuertos o servicios que permiten el funcionamiento de las ciudades. Quienes la rechacen serán cómplices del terrorismo.
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