Opinión

Infundadas críticas por “sequía legislativa”


La oposición ha criticado al gobierno sobre la base de una supuesta “sequía legislativa”, lo que ha generado una amplia discusión política, incluso al interior del propio Chile Vamos. La justificación de estos cuestionamientos no es evidente, pues si por “sequía” se quiere reprochar que el Ejecutivo no ha enviado proyectos de ley que contengan reformas estructurales a nuestra regulación en diversas áreas, ella podría tener algo de asidero. Pero el asunto más de fondo es si resulta razonable que en los primeros tres meses de un gobierno se exija el envío al Congreso de reformas de esa envergadura. Más aún, cabe cuestionarse si resulta prudente intentar -en ese mismo periodo- aprobarlas y así tener “algo que mostrar”.

Hay precedentes de lo pernicioso que puede resultar este frenesí legislativo. Así, por ejemplo, el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet envió al Congreso Nacional, al inicio de su mandato, una reforma tributaria estructural, reputándose entonces como un gran triunfo político por parte del oficialismo. En efecto, en mayo de dicho año, tal reforma ya pasaba a segundo trámite en el Senado, el que en los siguientes tres meses la estudió y concordó. Aprovechando las mayorías parlamentarias disponibles, hubo poco espacio para un debate profundo y razonado, que sopesara las consecuencias y la magnitud de una reforma de esa envergadura. De esta manera, el debate de una cuestión de la mayor importancia, como lo es el sistema tributario de una nación, terminó dándose en un ambiente muy belicoso, a punta de videos ideologizados que condujeron a resultados muy negativos, cuyos efectos perduran hasta hoy.
La prudencia, el cuidado de las expectativas y ser responsables en cómo se plantean las reformas debe ser un objetivo prioritario de la clase política. Ello aun cuando la correlación de fuerzas en el Congreso fuere más favorable al sector oficialista. Lo anterior no quiere decir que un gobierno deba ser modesto en el planteamiento y defensa de sus convicciones, pero debe hacerlo sobre la base de un análisis riguroso de las propuestas normativas, en que se valoren los espacios de diálogo y en que las iniciativas se sometan a una discusión, y cuya implementación posterior se haga con seriedad.

Las estrategias legislativas pueden variar y es legítimo que así sea conforme al escenario político y los objetivos trazados. También es legítimo plantear que no todo deba resolverse “por ley”, algo que los chilenos debiéramos internalizar. En esta línea, esperar que cada gobierno entrante proponga un sinnúmero de proyectos de ley al Parlamento como señal de contundencia política, no resulta razonable. En la gran mayoría de los casos, la ciudadanía aspira a que se introduzcan mejoras en áreas fundamentales, pero dentro de un marco de estabilidad, cuestión que el Gobierno ya ha iniciado en varias materias, como infancia.

También sería esperable que los órganos encargados de legislar y de emitir normativa, cada cierto tiempo revisaran el stock de regulaciones vigentes para evaluar su pertinencia u “obsolescencia”, y si son un catalizador o una traba para alcanzar el desarrollo integral.

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