Injustificable rechazo a fondos del Sename



Mientras el país progresa en una serie de sentidos, lo que queda reflejado en los principales indicadores de desarrollo humano, hay ámbitos que todavía siguen denotando niveles de subdesarrollo preocupantes. Uno de ellos es qué clase de modelo adoptar para el cuidado de los niños más vulnerables. Pese a que debería ser un elemento esencial de cualquier estrategia de desarrollo -porque al final los niños deben ser la base de sustento de cualquier sociedad en el futuro- sigue siendo fuente de conflictos y un tópico que rápidamente sufre de contaminación política.

La semana pasada, justo después de que el gobierno anunciara discusión inmediata para el proyecto que aumenta la subvención a colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename), la Comisión de Familia de la Cámara rechazó el artículo clave del proyecto que permitiría financiar a dichos organismos colaboradores, esenciales en el entramado -con todas las virtudes y defectos que éste conlleva- de la institucionalidad asociada al cuidado de la infancia. Lo lamentable en este caso es que, además de la lógica política que motivó el rechazo por parte de la oposición, se sumó al bloqueo un diputado del oficialismo argumentando que el proyecto seguiría beneficiando a instituciones que han vulnerado los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Sename y no se hace cargo de mejorar la calidad de vida de los menores de edad.

Existe sustancial evidencia para concluir que los niños atendidos por organismos colaboradores -los que proveen la mayor cantidad de servicios de cuidado a niños y adolescentes- tienen recursos insuficientes. Si bien el trasfondo de las críticas de algunos parlamentarios es atendible, porque efectivamente existieron irregularidades en algunos organismos colaboradores, carece de toda sensatez impedir el financiamiento al grueso de los actores que por años -y con carencias profundas- han hecho todo lo posible en el cuidado y desarrollo de los niños y adolescentes más vulnerables. Tampoco parece razonable levantar un cuestionamiento amplio, sin ninguna alternativa válida, circunscribiendo toda la discusión a temas presupuestarios, soslayando la discusión de fondo y condenando a diversos organismos a una total incertidumbre.

Es evidente que detrás de toda esta escaramuza existen claras motivaciones políticas. Porque más allá de la real situación en la que se encuentran los menores bajo el alero del Sename, algunos parlamentarios parecen tener una preocupación exclusiva sobre si los fondos aportados generan o no lucro, pensando que esa variable por sí misma es la única dimensión para explicar las graves carencias que tiene nuestro sistema de protección de niños y adolescentes. A un segundo plano pasa, entonces, la calidad de la infraestructura, los métodos docentes, la rehabilitación de menores y la separación necesaria de aquellos que han participado en actos delictuales de aquellos que solo necesitan una red de apoyo, producto de la vulnerabilidad familiar o social en la que se encuentran, por mencionar solo algunos tópicos que debieran ser elementos centrales en cualquier discusión.

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