Inquietud por nuevos criterios de acreditación

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) publicó los nuevos criterios y estándares de evaluación y acreditación de los programas de educación superior de pregrado, postgrado y otras áreas específicas. Luego de una etapa de socialización y recepción de comentarios por parte de las instituciones, ahora se espera que el organismo incorpore cambios y mejoras antes de llegar a una propuesta definitiva. La actualización de estos criterios responde al mandato de la Ley N° 21.091 del año 2018 que, además de introducir el financiamiento gratuito de este nivel educativo -entre otras cosas-, reformuló lo referente a la acreditación y al sistema de aseguramiento de calidad.

La recepción de los nuevos criterios y estándares por parte de los rectores de universidades como de diversos especialistas en la materia no fue muy positiva. Si bien se valoró la realización del proceso de consulta, tal como establece la ley, hubo bastante coincidencia en que estos incurren en excesiva rigidez y especificidad, redundando en una innecesaria burocratización y amenazando la diversidad de instituciones que conforman nuestro sistema de educación superior.

Si bien la ley es bastante explícita a la hora de definir las dimensiones de acreditación, así como los procedimientos, la misma señala que la determinación de criterios y estándares para el aseguramiento de la calidad debe respetar los fines y proyectos educativos que establezca cada institución de educación superior. De manera que lo esperable era que se definieran más bien principios generales para cada una de las dimensiones específicas, posibilitando así el reforzamiento de los mecanismos de aseguramiento de calidad internos con que cuentan las casas de estudio en virtud de su autonomía, tal como ocurre en la experiencia a nivel internacional.

Una prueba elocuente del alcance que estos problemas podrían llegar a tener, son los hallazgos de un estudio realizado recientemente por el centro de estudios Acción Educar, que encuentra que los estándares propuestos no se ajustan correctamente a la realidad y diversidad actual del sistema y que de hecho arrojan incoherencias entre sí. El resultado de ello es que, tras su aplicación, solo 16 universidades -de un total de 56- obtendrían los resultados necesarios para poder acreditarse, mientras que el resto no lo conseguiría. Más aún, habría 30 instituciones que a la fecha cuentan con acreditación institucional pero que bajo los nuevos criterios no la obtendrían. Entre estas se cuentan universidades con una trayectoria relevante y proyectos consolidados que difícilmente alguien pondría en duda. De hecho, 11 son estatales y cuatro pertenecen al G9 (privadas del Cruch).

Es de esperar que, tras este proceso de consulta, la CNA incorpore las principales preocupaciones que han sido levantadas y subsane los aspectos que han sido objeto de cuestionamientos. De lo contrario, los nuevos estándares podrían tener serias implicancias en el desarrollo del sistema de educación superior, impactando en el corto plazo a sus propios estudiantes.