Integración Social: De lo particular a lo escalable

Que una de las comunas con más altos índices de bienestar territorial a nivel nacional -la que mejor se está desarrollando según la encuesta de Confianza en la Ciudad realizada por Corporación Ciudades y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile- abra sus espacios a proyectos de integración social y urbana, es una gran noticia, y bien se entiende el interés que este proceso ha generado en distintos actores. Por ello también resulta muy alentador que desde esa misma comuna ya se hayan anunciado otras tres futuras iniciativas similares.

Lo alentador no es desde lo numérico, ya que este proyecto solo significa dar una respuesta al 2,8% de las casi tres mil familias que en Las Condes necesitan un techo. Y si ampliamos la mirada a nivel nacional, las viviendas sociales de la Rotonda Atenas solo traerán alivio al 0,01% de las personas que viven allegadas, hacinadas o en campamentos en el país.

Por lo tanto, más que numérico, el impacto de lo ocurrido en Las Condes es el cambio de paradigma. Hoy existe un amplio consenso en que erradicar a familias vulnerables hacia la periferia de la ciudad, es hasta ahora uno de los principales motivos de la enorme desigualdad territorial que presenta la Región Metropolitana y otras regiones del país, y que la gestión del suelo es quizás uno de los elementos más relevantes en la administración pública.

La ya promulgada Ley de Integración Social y Urbana -que le entrega herramientas al Minvu para promover dicha integración en proyectos urbanos- y el reciente anuncio presidencial sobre la disponibilización de terrenos por parte de todos los organismos del Estado para enfrentar el déficit habitacional, son los músculos de ese cambio de paradigma para que iniciativas como las de Las Condes vayan de lo particular a lo escalable. Por ejemplo, ya lo viene haciendo con fuerza Lo Barnechea en los proyectos de viviendas Juan Pablo II o Nido de Águilas, que significarán casi 900 nuevos hogares en otra comuna con alto bienestar urbano.

Los cambios legislativos y la forma en que el Estado aborda este fenómeno es clave. De hecho, el gobierno se puso la ambiciosa meta de construir 260 mil nuevas viviendas durante la administración Boric, el reciente lanzamiento del Plan Ciudades Justas y la reciente disposición para ampliar la disponibilidad de suelos va justamente en esa línea.

Tal como hemos aprendido que levantar viviendas por sí solo no significa construir ciudad, también sabemos que no se edifican ciudades integradas sin habitantes que participen de ese proceso. Por lo mismo, que solo un 21% de las comunas con mayor proyección de construcción de viviendas sociales en los próximos años posea un Plan Regulador Comunal actualizado, es una campanilla de alerta que debe llamarnos a la acción.

Este proyecto entonces nos hace ver la necesidad de pasar de lo particular a lo escalable en algo más intangible, pero fundamental, como lo es la valoración de la integración social en nuestros barrios. Mientras ello no escale, siempre tendremos una pata coja en la imperiosa promoción de ciudades más equitativas para todos quienes habitamos en ellas.

Por Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades