Integridad, justicia e impunidad

Esta fue una semana que tuvo mucho de dulce y de agraz para la agenda de probidad, transparencia y anticorrupción. Por una parte, se ha abierto toda una discusión sobre las limitadas penas que se avizoran para el caso Penta, habiéndose desestimado una de las acusaciones principales para sus imputados, que es la comisión de cohecho o soborno. De otro lado están los anuncios en materia de integridad pública, que acarrea una serie de medidas que buscan blindar el ejercicio de la función pública, estableciendo medidas más rígidas para garantizar la probidad en el ejercicio de la función pública y pone límites a la llamada "puerta giratoria". Ambos casos nos recuerdan que si bien Chile está en buen pie, aún tiene mucho camino por recorrer.

Respecto del caso Penta, la aceptación de salidas alternativas, que incluyó desestimar la existencia de cohecho y la aceptación por parte de los principales acusados de la existencia de delitos tributarios, ha generado una gran discusión no solo porque frente a los mismos hechos, distintos fiscales han aplicado criterios distintos, sino que porque con esta medida han quedado en evidencia las limitaciones que tiene nuestra legislación para poder perseguir de mejor manera delitos que dañan de manera importante la fe pública. En este cuadro el caso es simbólico, porque constituyó el punto de partida para el largo periplo que ha significado el desfile de empresarios y políticos cuestionados por financiamiento irregular de la política. La escasez de penas aflictivas aplicadas hasta ahora y la crisis de confianza en todas las instituciones en Chile ha contribuido, sin duda, a cierta sensación de impunidad desde una ciudadanía que probablemente poco entiende de procesos investigativos y medidas alternativas, pero que sí espera justicia. En efecto, tal como muestra el informe Government at a Glance de la OCDE de 2017, Chile se encuentra en los niveles más bajos de confianza en sus tribunales, y este es un dato que no puede dejarnos indiferentes y, por cierto, requiere una mirada integral.

No obstante, si miramos el vaso medio lleno, pese a la escasez de penas de este caso, lo cierto es que a partir del conocimiento de los primeros casos de financiamiento irregular de la política, los gobiernos han actuado de manera resuelta, generando una serie de iniciativas que en muchos casos hoy ya son ley, contribuyendo de manera importante a disminuir los potenciales casos de corrupción. Por cierto, muchas de estas normas tienen limitaciones y pueden ser mejoradas, otras tantas materias requieren nuevas leyes, pero hemos avanzado en la senda correcta.

En tal sentido, el anuncio del proyecto de ley sobre integridad pública enviado al Congreso esta semana por el ejecutivo se enmarca en esta misma senda y viene a regular la llamada "puerta giratoria" y la probidad en la función pública. Esta iniciativa considera, entre otras cosas, una serie de reglas "antinepotismo", inhabilidades e incompatibilidades en la función pública, reglas adicionales para regular la actividad del lobby (especialmente en el tránsito entre lo público y lo privado), entre otras varias materias. Si bien el proyecto contiene algunas materias que debieran ser revisadas, lo cierto es que es una buena noticia para poner nuevamente un debate relevante en el Legislativo y que está al centro de la recuperación de la confianza en nuestras instituciones.

Esta iniciativa debiera en los próximos meses unirse a otras relativas a una nueva versión de la norma sobre transparencia y acceso a la información, en la idea de ir constituyendo un sistema integral de transparencia para nuestro país. Por cierto, esto debiera ir de la mano de la adopción de una cultura de la transparencia en Chile, porque la existencia de normativa de esta naturaleza siempre encontrará terreno fértil allí donde no haya ciudadanos disponibles a burlar la fe pública.