Intentos por aprobar una “ley Parisi”

Antes que dictar leyes que prohíban la realización de campañas electorales desde el exterior, los legisladores deberían abocarse a otras materias que contribuyan a la transparencia del proceso y a una toma de decisiones más informada.



Uno de los aspectos más singulares de los recientes comicios presidenciales fue la campaña presidencial que llevó a cabo Franco Parisi, candidato que, a pesar de no haber estado en Chile -probablemente fue dilatando su llegada debido a los problemas judiciales que enfrenta por presunto no pago de pensión alimenticia-, terminó no solo en tercer lugar, sino además con una bancada parlamentaria, en buena medida gracias al efectivo despliegue que Parisi y el Partido de la Gente lograron en redes sociales.

Son varias las voces que han estimado que la falta de presencia de un candidato constituye una anomalía, y haciéndose eco de ello, un grupo transversal de senadores presentó un proyecto de ley con el fin de que un abanderado no se pueda ausentar del país si no es con autorización del Servel, y que la mayor parte de la campaña se deba realizar en el país.

Es discutible que se requiera una ley para regular este aspecto de las campañas, pues gracias a la masificación de las tecnologías de la información y el auge de las redes sociales es previsible que la forma de comunicarse con los electorados cada vez más descansará en las vías remotas. Por otra parte, es un hecho que el riesgo de hacer campañas telemáticas y no lograr llegar en forma efectiva a los electores recae íntegramente en las candidaturas, por lo que cada uno deberá evaluar su conveniencia.

Si se quiere hacer una contribución más efectiva, antes que una “Ley Parisi” para impedir campañas remotas, los legisladores deberían enfocarse en aquellos aspectos que mejoren la transparencia del proceso y permitan a los electores tomar decisiones más informadas. En tal sentido, un aspecto que resulta crucial de abordar tiene que ver con la rendición de gastos electorales que hacen las candidaturas, tomando en cuenta que los criterios para definir gastos siguen siendo amplios, y que el Servel -atendidas las miles de candidaturas que se presentan en cada elección- carece de capacidades para poder llevar a cabo fiscalizaciones exhaustivas.

A fin de desincentivar que los gastos sean artificialmente abultados y por esa vía capturar más recursos públicos, una medida que valdría la pena evaluar es que la rendición de gastos se cierre a lo menos una semana antes de las elecciones; de esa forma, se quitarían incentivos para que los gastos se declaren en función de los resultados, favoreciendo el pago desmesurado de asesorías o el gasto en ítems innecesarios, aprovechando que el Estado reembolsará una cantidad importante de recursos.

Sería también la oportunidad para deliberar sobre si los candidatos deberían estar obligados por ley a entregar mayor información sobre su estado de salud, un aspecto que en general se elude abordar pero que podría ser de interés para los electores, a fin de ayudarles en la toma de decisiones.

Se ha hecho cuestión también sobre si se debería permitir que un candidato con causas judiciales pendientes pueda inscribirse, materia en la que se debe actuar con especial cuidado, pues sería lesivo para la democracia que por la mera interposición de acciones judiciales se pudiera desbancar una candidatura. Parece razonable el criterio de que, si el proceso judicial no ha concluido, o si la pena ya se ha cumplido, o si las obligaciones han sido saldadas, entonces no existan impedimentos legales, sin perjuicio de la valoración ética que haga el electorado. Cuestión distinta es si hay una sentencia que se ha dejado de cumplir, lo que debería ser un factor que de suyo inhabilite.

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