Interpelación al ministro del Interior



La interpelación de la que fue objeto ayer el ministro del Interior en la Cámara de Diputados -donde se pidió explicaciones al gobierno por el crimen del comunero Camilo Catrillanca a manos de un grupo de funcionarios de Carabineros- , fue ilustrativa del clima de polarización que se vive en La Araucanía, y de las múltiples dificultades y desconfianzas que será necesario sortear para lograr un entendimiento. La tarea se ve especialmente entorpecida cuando la confiabilidad de la policía uniformada se pone en entredicho, a raíz de actuaciones fuera de la ley y de los intentos de algunos de sus funcionarios por obstruir la acción de la justicia, como también por el hecho de que sigue habiendo sectores que insisten en justificar la violencia bajo el pretexto de una "reivindicación".

Cabe destacar el tono sereno y constructivo que utilizó el ministro del Interior para responder las preguntas de la diputada interpeladora, que con independencia del mérito de las respuestas dio por sentado que había una responsabilidad política del gobierno en el crimen del comunero, por tratarse -a su entender- de una política represiva del Estado. El jefe de gabinete reconoció que el comunero fue asesinado sin que mediara circunstancia alguna que lo justificara -ya que no portaba armas, y su presencia en el lugar de los hechos fue casual-, un contexto que ciertamente empaña gravemente la labor de Carabineros, pero que no justifica atribuirlo a una política deliberada del Estado. Aun así, el solo hecho de que haya muerto una persona y que se haya tratado de encubrir por parte de los funcionarios policiales reviste la máxima gravedad, debilitando el estado de derecho y colocando al gobierno en un complejo pie político, al verse obligado a redefinir sus propios planes de seguridad, con el riesgo de que ello derive en que los habitantes de la zona queden desprotegidos y la violencia siga escalando.

Pero posiblemente lo más desconcertante que se escuchó durante esta jornada es que tanto la diputada interpeladora como otras voces pusieron en duda los graves niveles de violencia en la zona -lo que tornaría completamente desproporcionado el despliegue de más fuerzas policiales- y, peor aún, desconocieran abiertamente el fallo de los tribunales que condenó al machi Celestino Córdova como uno de los autores del crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, atribuyendo falsedades en este caso, así como en otros en que aparecen inculpados personas de origen mapuche. Con ello, no sólo se pone en entredicho la independencia de la Corte Suprema -que por unanimidad ratificó la culpabilidad de Córdova-, sino también el trabajo del Ministerio Público.

Aun cuando la apreciación de si los actos vandálicos en La Araucanía constituyen terrorismo es objeto de debate en las cortes, no cabe negar la existencia de ataques -en su exposición el ministro del Interior señaló que se han producido más de 2.800 actos de violencia entre 2011 a la fecha-, lo que de suyo debería bastar para reconocer un grave cuadro de inseguridad. Es indispensable que La Araucanía retome cuanto antes el diálogo de paz y todos los sectores se empeñen en ese objetivo, lo que exige un diagnóstico consensuado y ante todo un riguroso apego al estado de derecho.

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