SEÑOR DIRECTOR:
El lunes pasado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una nueva intervención internacional en Haití. La misión consiste en una fuerza de seguridad mandatada para asistir en la lucha contra la violencia criminal que ha cobrado más de 2.500 vidas este año. En la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití, Minustah (2004-2017), América Latina tomó el liderazgo para hacerse cargo de una crisis de seguridad en la región. Nueve países latinoamericanos desplegaron tropas y cooperaron para incidir en la gestión política de la misión. Esta vez, la región parece estar ausente.
Brasilia declinó la solicitud de Joe Biden de encabezar una nueva misión, que será liderada por Kenia con un contingente de 1.000 policías. Solamente tres países caribeños señalaron su disposición para enviar fuerzas de seguridad.
La tarea de la nueva misión será extremadamente difícil y eso explica en parte la ausencia de un debate político en torno a la situación haitiana en Chile y el resto de la región. Sin un gobierno comprometido con restaurar la seguridad por vía democrática, los problemas de Haití no se resolverán. La actual élite gobernante carece de legitimidad democrática y está bajo sanciones norteamericanas por sus vínculos directos con las bandas criminales responsables de la brutalidad que vive la población. La fuerza multinacional creará una oportunidad para presionar por negociaciones entre el gobierno actual y organizaciones de la sociedad civil para formar un nuevo gobierno de transición capaz de reformar a la policía y eventualmente encaminar a elecciones libres.
Al darle la espalda a Haití, América Latina, en su actual desunión, está desperdiciando esta oportunidad. El gobierno del Presidente Boric debería poner el asunto en la agenda regional.
Nicole Jenne
Académica Instituto de Ciencia Política UC, Red de Politólogas
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