Investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos



Por Liliana Galdámez, investigadora del Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile

Las violaciones a los derechos humanos generan para el Estado un deber ineludible de investigar con diligencia, juzgar, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. La historia Latinoamericana nos enseña que, en épocas oscuras de persecución política, la macabra imaginación de quienes intentaban asegurar el poder a través de la persecución de la disidencia los llevó a planificar lo que el juez de la Corte IDH Sergio García Ramírez llamó en su momento “un crimen perfecto”. La desaparición forzada de personas.

La Corte IDH, de la mano de la CIDH, el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas, jueces y defensores/as de derechos humanos, aportaron inteligencia y criterios de derechos humanos para su investigación. Inversión de la carga de la prueba, presunción del delito de tortura en casos de personas detenidas y desaparecidas e imprescriptibilidad, permitieron avanzar en el acceso a la justicia, desafiando la impunidad fáctica y jurídica que pretendió el DL 2191.

Hoy enfrentamos nuevos desafíos, avanzar en el cumplimiento de deberes fundamentales de los órganos del Estado para investigar, juzgar, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la revuelta social. Estamos en un tiempo y contexto distinto al de la dictadura, con acceso a información, imágenes transmitidas casi en directo y con el peso de la historia que hace más intolerables los actos cometidos por agentes del Estado. Como en el pasado, nuevos contextos son propicios para la impunidad. Actos cometidos en contextos de muchedumbre, disparos de balines que provienen de armas cuyos operadores son difíciles de identificar, uso de armas y municiones que son un riesgo cierto de afectación a la vida e integridad.

En Chile, Colombia, Francia, Egipto, Turquía, la demanda por transformaciones se ha impulsado desde una resistencia simbólica, material y corporal. No es tolerable la impunidad de hechos que han afectado la vida, la libertad y la integridad de las personas; una conciencia colectiva lo repudia. Es el momento de reflexionar sobre la necesidad de dotar de herramientas técnicas, equipos periciales con competencia y capacidad de actuar en todo el territorio, con destrezas para analizar evidencia visual, pericias mecánicas y un conjunto de herramientas que permitan concretar el deber de investigar con perspectiva de derechos humanos.

Respecto a los altos mandos, su responsabilidad debe ser interpretada en términos más amplios, aunque sin caer en la analogía. Hace falta una perspectiva de derechos humanos en la investigación e interpretación de los tipos penales que sancionan la violencia institucional, así se concreta un principio central en toda democracia, la limitación del poder y la protección de los derechos humanos.

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