La Tercera

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Opinión

Judicialización en Chuquicamata


La reforma laboral impulsada por el gobierno anterior sigue teniendo efectos en el mercado laboral. Apenas concluido su proceso legislativo, y luego de tener que ser corregida por el Tribunal Constitucional, el Ministerio del Trabajo de la época sentenció que “probablemente habrá mucha judicialización respecto a qué se puede hacer y qué no se puede hacer”, lo que parece hacerse realidad.

El último episodio de judicialización se dio en el marco de una negociación anticipada llevada a cabo en la división Chuquicamata, de Codelco. La empresa realizó un ofrecimiento general a sus sindicatos para adelantar la negociación colectiva, siendo acogido solo por los sindicatos Minero y 5, quedando al margen -por decisión propia- los sindicatos de mayor envergadura: 1, 2 y 3 de Chuquicamata. El proceso derivó en que unos 1.500 trabajadores de estos últimos se desafiliaran y participaran en la negociación anticipada, recibiendo el pago de los beneficios asociados, los que equivalen a $ 14,5 millones.

Los sindicatos que sufrieron la pérdida de socios reaccionaron interponiendo una demanda en el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, intentando suspender el proceso de negociación colectiva. La justicia, en un fallo de primera instancia, ordenó “el cese inmediato de toda tratativa en carácter de negociación colectiva anticipada”, debido a que la cuprífera había incurrido en prácticas antisindicales. Los sindicatos demandantes celebraron el fallo, estimando que éste invalidaba el proceso de negociación y señalaron que las partes que participaron de este acuerdo “actuaron al margen del derecho, de la ética y de los valores fundamentales de la relación laboral colectiva”.

El fallo del tribunal laboral tiene varios reparos. En términos de forma, la empresa lo catalogó de extemporáneo, ya que es posterior al cierre de la negociación colectiva y cuando ya la compañía había desembolsado parte de los beneficios contenidos en el acuerdo. Sin embargo, hay aspectos de fondo en los que esta decisión judicial avanza y que podrían alterar el precario equilibrio de las actuales negociaciones colectivas. Es novedoso que un juez aplique una medida cautelar ante el requerimiento de sindicatos que no participaron en la negociación colectiva y se involucre extemporáneamente en una negociación -que a la luz de los hechos parece haber sido beneficiosa para los trabajadores- a solicitud de terceros. Esta controversia jurídica se origina en el hecho de que producto de la reforma laboral no hay claridad si las empresas pueden pactar con los trabajadores que se cambiaron de sindicato o si deben esperar hasta el fin de sus contratos colectivos, aun cuando ambas partes estén dispuestas a negociar.

Es evidente que la reforma laboral pasada dejó profundos vacíos y espacios de discrecionalidad que derivan en procesos de judicialización. Es urgente un proyecto de ley que resuelva estos y otros problemas estructurales y de paso despeje las dudas que inquietan al mercado laboral, independiente de si la oposición amenaza de antemano con obstaculizarlo. Mientras tanto, cabría esperar que los jueces respeten la autonomía de las organizaciones sindicales y velen por salvaguardar la libertad sindical en todas sus formas.

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