Juicio político contra Donald Trump

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FOTO: AFP



La semana pasada, por tercera vez en su historia, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos -controlada en esta oportunidad por los demócratas- acordó seguir un juicio político a un Presidente en ejercicio. Tras Andrew Johnson y Bill Clinton -en cuyos casos finalmente no fueron acogidas las acusaciones-, en esta oportunidad Donald Trump deberá comparecer -una vez que se determine el inicio del proceso- ante el Senado de su país para enfrentar los cargos de abuso de poder y obstrucción a la acción del Congreso, y que en caso de ser considerado culpable deberá dejar la presidencia.

El Mandatario, que hasta ahora había logrado sortear distintas investigaciones relativas a conflictos de interés y en especial a la llamada "trama rusa" -donde él y su círculo cercano ha sido indagado en relación a la injerencia rusa en las últimas elecciones presidenciales norteamericanas-, ahora deberá responder las graves imputaciones de que habría usado ilegítimamente su poder para perjudicar las posibilidades de su más posible competidor en las próximas elecciones presidenciales, Joe Biden. En conversaciones con el Presidente de Ucrania Volodimyr Zelenski, el mandatario estadounidense habría solicitado que las autoridades de ese país iniciaran una investigación por corrupción en contra del hijo de su eventual contendor cuando éste ejercía la vicepresidencia durante el segundo mandato de Barack Obama, condicionando la entrega de ayuda militar a Ucrania, la cual ya había sido autorizada por el Congreso.

No es primera vez en Estados Unidos que la figura presidencial en ejercicio se ve involucrada en manejos cuestionables del poder de cara a futuras elecciones -basta recordar lo ocurrido con Richard Nixon y el caso Watergate, que lo llevó a la renuncia-; sin embargo, el juicio político siempre estará sujeto a los vaivenes y conveniencias políticas y electorales de los bloques con representación en la Cámara Alta, y en esta oportunidad no será la excepción. En una instancia controlada por los republicanos -tienen 53 de los 100 escaños- sería necesario que a lo menos 20 senadores de esa filiación acogieran favorablemente los fundamentos de la acusación, si es que los demócratas la apoyaran unánimemente, para alcanzar los dos tercios necesarios para la destitución, asumiendo el costo que ello generaría en el sector en un año electoral.

En este escenario es poco probable que este impeachment prospere; sin embargo, son altos los riesgos de que polarice aún más el ambiente político tal como lo anticipa el tono de las mismas declaraciones cruzadas de los líderes de las mayorías de la Cámara de Representantes y del Senado, en relación a la forma como se desarrollaría el respectivo juicio político, y que no hacen sino reflejar una opinión pública bastante dividida en torno a la procedencia de éste. Lo que es una institución necesaria en un sistema de control y contrapesos de los poderes del Estado se puede transformar en un elemento de campaña política para unos y otros, sin que finalmente se aborde el fondo de las acusaciones.

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