Justicia de pares

Tribunales Servicio de Evaluación Ambiental


SEÑOR DIRECTOR

A propósito de la propuesta de Joaquín Lavín de implementar el juicio por jurados, resulta necesario decir dos cosas: lo primero es que no existe un sistema judicial infalible o libre de errores; y, segundo, que ante la actual crisis de legitimidad de las instituciones, de la que no está exento el sistema de justicia, el juicio por jurados se erige como un espacio en el cual los ciudadanos participan de esas decisiones.

Por supuesto, hay argumentos a favor y en contra de que sean los propios ciudadanos los que decidan si una persona es culpable o inocente. Sus detractores cuestionan la falta de preparación y la influenciabilidad o corrupción de los integrantes del jurado, la falta de motivación de las decisiones y la imposibilidad de revisar el veredicto a través de recursos, y el alto costo que implica su implementación. Sus defensores, en cambio, sostienen que el hecho de que el jurado intervenga de manera accidental y probablemente por una sola vez en su vida garantiza la imparcialidad y la ausencia de presiones de sus integrantes; y que la prueba que se rinde durante el juicio es de mejor calidad y constituye un incentivo para que los abogados mejoren la calidad de sus argumentos, mejoren las técnicas de litigación y persuasión, a fin de convencer al jurado. Todo lo anterior contribuye a la educación cívica de los ciudadanos, democratiza y legitima el sistema judicial.

La Reforma Procesal Penal no estuvo exenta de cuestionamientos antes de su implementación. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿cuáles son los méritos de los jueces profesionales y del actual sistema que justifique negarnos de plano a la posibilidad de introducir la justicia de pares?

Grace Méndez

Abogada, directora de Pensamiento Penal Chile

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