Justicia eclesiástica

SEÑOR DIRECTOR:

Habiendo pasado 30 años desde las primeras denuncias de seminaristas por acoso y abusos sexuales contra el sacerdote Mauro Ojeda Videla perteneciente a la diócesis de Valparaíso, y 20 años de mis propias denuncias contra él, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano lo ha declarado culpable. El 31 de marzo de este año ha sido notificado de la sentencia y ha sido expulsado del estado clerical. Frente a este hecho quisiera manifestar lo siguiente:

1. Como seminarista del Seminario San Rafael de Lo Vásquez, donde Ojeda era rector y donde sufrí sus abusos, denuncié los hechos al vicario general de la diócesis Santiago Silva Retamal (actual obispo de Valdivia) y al obispo de la diócesis, Gonzalo Duarte (hoy obispo emérito y nunca sancionado). Por parte del obispo Duarte, el resultado de mi denuncia fue sufrir una humillante denostación y la expulsión del seminario por “copuchento” y “metiche” (en sus palabras), frustrando lo que en ese momento para mí era un importante proyecto de vida.

2. El sacerdote Ojeda es parte de un grupo de sacerdotes abusadores de la diócesis de Valparaíso que actuaron libremente a pesar de innumerables denuncias a la jerarquía desde la década del noventa, que no fueron escuchadas hasta el año 2018. Algunos procesos aún están en curso y sin sentencia.

3. A principios del año 2020, un grupo de víctimas presentamos una denuncia en el Dicasterio para los Obispos del Vaticano contra cuatro obispos involucrados en los encubrimientos de estos sacerdotes. Lo hicimos en el marco de la nueva legislación para denunciar obispos promulgado por el Papa Francisco “Vos Estis Lux Mundi”. El Dicasterio para los Obispos tenía -según su propia legislación- 30 días para responder acerca de la procedencia de nuestra denuncia. Hasta el día de hoy, el Vaticano nunca nos respondió, y los obispos siguen impunes: uno falleció, dos son eméritos y otro está en ejercicio. Este último recibió un nuevo encargo episcopal del Papa Francisco a fines de 2020, momento en el que nuestra denuncia ya llevaba casi un año ingresada.

Sebastián del Río Castro